San Diego, CA.- Un juez federal otorgó este jueves un plazo de 6 meses para que el Gobierno identifique a los menores indocumentados separados de sus familias en la frontera sur poco después del comienzo del actual mandato en la Casa Blanca.

El magistrado Dana Sabraw dijo este jueves en San Diego (California) que su intención inicial es cumplir con este plazo, que es más corto que los dos años que habían pedido los abogados del Gobierno para identificar a posiblemente miles de niños separados de sus padres entre el 1 julio de 2017 y el 25 de junio de 2018.

Sabraw, que escuchó el testimonio del comandante Jonathan White, del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), coincidió con los abogados de la demanda colectiva que es necesario fijar una fecha límite.

“Creo que esto puede hacerse basándose en la información que se ha dado aquí”, señaló el magistrado, quien el año pasado ordenó la reunión de familias separadas a consecuencia de la implementación de la política de “tolerancia cero” contra la inmigración illegal.

White, el “arquitecto” de la entrega a sus padres o algún familiar de 2.759 niños, de un total de 2.814, a raíz de aquel mandato judicial, justificó que la estimación de concluir la identificación al cabo de “uno o dos años” era en base al peor escenario.

Hubiera sido “una derrota devastadora”, enfatizó White durante una audiencia este jueves en la corte, donde reiteró que dicho periodo nunca fue “el objetivo”.

El comandante informó que se contratará a un equipo a tiempo completo para apoyar el proceso y cuya instrucción será “hacer la contabilidad más precisa dentro del menor tiempo humanamente posible”.

Ambas partes deberán informar a la corte sobre sus avances cada tres semanas, según solicitó Sabraw, quien busca así asegurar de que el proceso se desarrolla de manera ágil y que en caso de presentarse algún problema preferiría evaluarlo “más temprano que tarde”.

Lee Gelernt, abogado con la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), se mostró satisfecho con la resolución del juez, ya que un plazo de hasta dos años “hubiera sido una tragedia”, como declaró a los periodistas al término de la audiencia.

A pesar de la “enorme tarea” que supone encontrar a las familias separadas, anticipó que se encontrarán a cientos, “si no es que a miles”, de niños que podrían beneficiarse de este mandato judicial.