Ante los crecientes debates originados por las decisiones que casi a diario adopta el presidente Donald Trump en materia migratoria, mismos que propician enfrentamientos que cada vez más polarizan más al país, la necesidad de tener una reforma migratoria integral es cada vez más urgente.

Lo que se observa es que, muchas veces llevado más por una rabieta que por un programa de gobierno, las órdenes que se emiten desde la Casa Blanca, generan apresuradas decisiones a todo nivel que afectan seriamente el proceso de tener una inmigración ordenada y justa como lo reclama este país desde hace mucho tiempo.

Es lo que se ha visto con redadas masivas en las que detienen con fines de deportación a personas que no tienen ningún antecedente criminal por aquello de “estar en el lugar equivocado en el momento equivocado”. Muchas de ellas son madres cabeza de familia o padres de quienes dependen varias personas en su mayoría niños.

Es lo que se ha visto con la entrega de padres de familia con sus hijos menores de edad a las autoridades de ICE en la frontera, integrantes de la famosa ‘caravana del viacrucis’, la cual desató otra de las rabietas del presidente ordenando el deaplazamiento de la guardia nacional “ante la invasion de ilegales” y que luego el fiscal anunciara que iban a ser separados y enviados a instalaciones militares.

Es lo que se ha visto con la detención y deportación de ciudadanos estadounidenses que por error fueron sacados del país.

Es lo que se ha visto con algunos “dreamers” como el caso de Daniel Ramírez Medina quien fue acusado de pertenecer a una pandilla y detenido con orden de deportación por varias semanas hasta que un juez ordenara su libertad y restitución a DACA.

Es lo que se ha visto con detenciones usando la fuerza excesiva como ha sucedido en lugares de trabajo y en un hogar donde oficiales de ICE llegaron rompiendo la puerta para entrar y detener a una persona sin mostrar la orden de allanamiento expedida por un juez como lo ordena la ley.

Es lo que se ha visto en múltiples casos en los que se ha sembrado la duda de ser acciones llevadas más por el racismo o perfil racial que por razones válidas de proteger al país.

El desgaste y el costo de estas medidas no se ha calculado pero no hay duda que es muy grande y oneroso. A la tarea ya desbordada de casos en los escritorios de los jueces, se han sumado estos casos cuyas decisiones de ley han llevado a las autoridades de seguridad interna a dejar en libertad a inmigrantes detenidos sin suficientes medidas probatorias de sospecha o de culpabilidad de actos criminales.

Es el mismo desgaste y confrontación que se registra entre los tres poderes que cimentan esta nación y al que se someten los congresistas al debatir las repercusiones de muchas de estas medidas y de ir enmendando a retazos los reglamentos de inmigración en lo que bien podría ser una nueva ley de inmigración integral.

El más reciente proyecto presentado por la senadora Kamala Harris (D-CA) conjuntamente con la representante Pramila Jaypal (D-WA), exige mayor responsabilidad al gobierno en el manejo del Sistema carcelario de ICE luego de pedir un incremento de $2.7 billones en el presupuesto para construcción y expansión de nuevas instalaciones carcelarias, sin hacer ninguna reforma al sistema actual.

Si el presidente Trump insiste en condicionar una ley migratoria a la inclusión de una asignación presupuestal de $25 billones para la construcción del muro fronterizo so pena de vetar cualquier iniciativa, va a ser muy complicado que en este gobierno se logre un consenso para cambiar la ley migratoria.

Los ‘remiendos’ que se le están haciendo actualmente a la ley de inmigración, a punta de órdenes ejecutivas y memorandos, en nada le aportan a la seguridad interna del país. Líderes demócratas y republicanos deben trabajar unidos en ello y convencer al presidente que reformas a la fuerza o bajo amenaza, no son parte de la democracia que ha sido una gran guía y fortaleza de Estados Unidos.