LOS ÁNGELES, CA.- Daniel Ramírez Medina, considerado el primer “soñador” detenido por Inmigración tras la llegada del presidente Donald Trump al poder, sostiene un pulso legal con el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) que tendrá que renovarle su Acción Diferida (DACA) por orden de un juez.
El joven indocumentado, de 25 años, se encontraba en una carrera contra el tiempo ya que su amparo de DACA se venció el pasado 4 de mayo y las autoridades de Inmigración insistían en rechazar la solicitud de Ramírez de renovación por sus supuestos vínculos con un grupo pandillero, por lo que estaba en riesgo de ser deportado.
Sin embargo, esta semana el juez federal Ricardo S. Martínez, de Seattle, en el estado de Washington, falló a favor de Ramírez Medina y emitió una orden judicial que impide que el Gobierno le retire el estatus de DACA al joven o se niegue a realizar la renovación.
Amparado por esta decisión judicial, el joven mexicano envió esta semana su solicitud de renovación a USCIS.
“La orden del juez Martínez protege a Daniel en su renovación de DACA en contra de los pretextos de USCIS, que tendrán que tramitar la solicitud sin usar las falsas acusaciones de que él es pandillero”, dijo a Efe Luis Cortes, abogado de Ramírez.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) habría puesto en la mira a Ramírez por un tatuaje que tiene en la parte inferior de su brazo con una estrella y una leyenda que dice: “La Paz BCS”.
Desde la detención de Ramírez, en febrero de 2017, un equipo legal encabezado por el experimentado abogado Mark Rosenbaum ha luchado por restablecer el beneficio migratorio del joven.
Sin embargo, tanto ICE como USCIS insistieron en que el inmigrante había sido descalificado del programa por sus vínculos con pandillas.
“Lo más inquietante para la corte es la afirmación continua de que el Sr. Ramírez está afiliado a una pandilla, a pesar de no proporcionar ninguna evidencia específica contra el Sr. Ramírez”, escribió el juez Martínez en su opinión.
En su decisión, el magistrado incluso menciona la opinión de una corte de inmigración que en enero pasado vio el caso y ordenó la deportación de Ramírez solo por el hecho de ser indocumentado y no por que hubiera relaciones creíbles con pandillas.
En aquel entonces, Ramírez carecía de la protección de DACA, que solo pudo recuperar semanas después tras un fallo de una corte de Los Ángeles que asegura que el Gobierno no puede retirar DACA sin que el “soñador” pueda apelar la decisión.
La batalla legal de Ramírez ha servido de ejemplo para que los defensores de los derechos de los inmigrantes como Rosenbaum cuestionen al Gobierno y pregunten cuántas veces las autoridades federales han negado una renovación de DACA empujados por la retórica de la Administración Trump, especialmente contra las pandillas.
“El presidente antes y después de asumir el cargo se refirió a individuos (inmigrantes) como traficantes de drogas, drogadictos, delincuentes, como individuos malos”, dijo Rosenbaum, quién también representa a seis “soñadores” que demandaron al gobierno por rescindir DACA.
Desde que USCIS se vio obligado a recibir nuevamente las solicitudes de renovación de DACA en enero pasado, por una orden judicial que echaba a abajo la orden ejecutiva de Trump de cancelar este programa, y hasta el 31 de marzo, 64.210 “soñadores” pidieron la renovación, de las cuales fueron aprobadas el 49,6 %.
Al menos 32,280 peticiones siguen pendientes y 70 casos fueron denegados, según los últimos datos de USCIS.
La mayoría de solicitudes de renovación, (52.740) pertenecen a “soñadores” a los que el permiso se les expiraba después del 5 de marzo de 2018 y que no calificaron para renovar en la ventana que otorgó el Gobierno de Trump cuando puso fin al programa en septiembre pasado, al igual que Ramírez.
En las últimas semana defensores de los “soñadores”, como la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), han intensificado la campaña para motivar a los jóvenes a realizar la renovación y aprovechar la oportunidad antes de que otra corte pueda dar marcha atrás a la medida judicial que permite hacerlo.
Actualmente un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito en California evalúa una petición del Gobierno de Trump para que anule la orden que obliga a la administración a tramitar renovaciones mientras se deciden varias demandas.
La insistencia del Gobierno federal de cerrar las renovaciones del programa es la que mantiene a Ramírez en zozobra y expuesto a una posible deportación.
Cortes explica que Ramírez había podido solicitar su renovación desde hace varios meses, pero que las advertencias de USCIS y el ICE de que denegarían la solicitud le habían impedido realizar el tramite.