Algunas de las más recientes redadas en San Diego incluyeron hasta 15 vehículos particulares sin marcas y docenas de oficiales de inmigración en ropas de civil que detenían a trabajadores y madres de familia presuntamente para revisión de asuntos de tráfico, para generar temor en California, declararon líderes comunitarios.

Terminado el período de re-inscripción para el último Estatus de Protección Temporal, TPS, para los cerca de 200 mil salvadoreños que fueron convocados a inicios de este año, este numeroso grupo de trabajadores centroamericanos encara una etapa crucial del beneficio sin que se vislumbre en el horizonte una discusión para regularizar su situación.

Los últimos 18 meses bajo la protección del Estatus de Protección Temporal (TPS) comenzaron oficialmente este martes 20 de marzo de 2018. En la antesala de la fecha, los salvadoreños organizados en comités locales de la Alianza Nacional TPS-Pro Residencia motivaron a sus connacionales a endurecer la lucha y el cabildeo político que les permita una vía hacia la legalización.

En tiempos donde la población inmigrante recibe avalanchas de información que pueden llevar a la confusión sobre los procesos en curso para los jóvenes amparados con el Programa de Acción Diferida, DACA, y otros alivios migratorios, dos organizaciones del Área Metropolitana de Washington tomaron la decisión de dar un paso adelante para informar de la manera más especializada en el tema.

El obispo auxiliar de la Diócesis de Washington DC, Monseñor Mario Dorsonville, el religioso hispano de mayor rango en la jerarquía de la Iglesia Católica en el área de la capital estadounidense, asegura que el compromiso de la iglesia por la protección de los inmigrantes seguirá a pesar de las adversidades.

Luciana fue una de las víctimas de las redadas que llevó a cabo el ex Alguacil Joe Arpaio en los centros de trabajo del Condado de Maricopa, por lo que la mexicana acudió el sábado 24 de febrero a informarse sobre la compensación económica que podría recibir por la detención ilegal y el trato “racista” que afirma haber recibido al ser arrestada.

La determinación de cancelar el TPS no solo tiene un impacto negativo para las familias inmigrantes, sino también para la economía del país. Una prueba de ello es la difícil situación que viven Flor Campos y su esposo, José Maldonado, residentes en Las Vegas, quienes hace 18 años dejaron El Salvador para buscar una mejor calidad de vida en Estados Unidos.

El ruido que imprime la Casa Blanca, el compromiso republicano de discutir la propuesta para los jóvenes “soñadores”, y la dispersión del Partido Demócrata para sacar un real compromiso antes de  asegurar votos por el presupuesto son algunas de las condiciones que dos dirigentes y activistas pro inmigrantes en Washington DC, ven como preocupantes  de cara a la revisión legislativa del Proyecto de Ley sobre los llamados “dreamers”.

Cuando murió “El Apá”, un hombre que tras ser deportado cayó en el alcoholismo, sus restos estaban abandonados e iba a ser sepultado en una fosa común en Tijuana, México, excepto porque en el último momento otro hombre deportado, sin identificar, consiguió que le dieran una sepultura digna. Esta historia forma parte de un proyecto con el que la Universidad de California en Davis (UCD) y el Colegio de la Frontera Norte (Colef) de México tratan de “humanizar la deportación”.

El senador demócrata de Virginia, Tim Kaine, ex candidato a la vicepresidencia por su partido en 2016 y actual miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, ve factible que la propuesta bipartidista de la que es patrocinador para una regularización de los jóvenes amparados por DACA, prospere la próxima semana en un acuerdo del Senado y que llegue a votación en los próximos días.

La abogada de inmigración Dulce Miriam García, dreamer mexicana, espera que, si el congreso falla en apoyar a los 800 mil jóvenes soñadores, una demanda que ella le interpuso al presidente Donald Trump impida que la administración desmantele el programa de Acción Diferida para quienes Llegaron en la Infancia, DACA.