El secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, consideró que la dependencia a su cargo enfrenta cuatro retos fundamentales, todos considerados una amenaza para el país, entre ellos la inmigración de indocumentados.
“La magnitud, el alcance y la complejidad de los retos a los que nos enfrentamos –incluyendo la inmigración ilegal, la delincuencia transnacional, la trata de personas y el terrorismo– exigen un enfoque de acción integrado”, indicó en su testimonio ante el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado, como parte de la solicitud de recursos para 2018.
El funcionario indicó que el proyecto del presupuesto del presidente Donald Trump permitirá una importante inversión en personal, tecnología e infraestructura en la frontera para aplicar las leyes de inmigración.
Agregó que también se requiere reforzar los “programas biométricos de identificación, promover la expansión del E-Verify y apoyar a la oficina VOICE”, la oficina de atención a víctimas de inmigrantes.
Kelly destacó la importancia de obtener los 1.6 mil millones de dólares para la construcción del muro fronterizo, para una especie de “dique” en el Río Grande, donde la detención de inmigrantes es más alta.
También la importancia de reemplazar parte del muro en San Diego, California, sobre todo para enfrentar el tráfico de drogas.
Adicional a ello, 976 millones de dólares serán para “infraestructura táctica de alta prioridad y mejoras en la seguridad de las fronteras para la Aduana y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés)”, siguiendo la orden ejecutiva 13767 del presidente Trump.
“La seguridad fronteriza debe ser mejorada para cumplir nuestra leyes de inmigración”, indica el funcionario. “Al igual que con cualquier nación soberana, tenemos un derecho fundamental y la obligación de hacer cumplir nuestras leyes de inmigración… especialmente contra los extranjeros criminales”.
Kelly también destacó la importancia de más agentes para la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés), para la que se piden 7,500 millones de dólares a usar a discrecionalmente para diversos proyectos, incluyendo la inversión para 51,000 camas para detenidos.
Por otro lado, el Departamento de Seguridad Nacional pide 185.9 millones de dólares para contratar a más de 1,600 oficiales para la Oficina de Detención y Deportación (ERO, en inglés) y otro personal de apoyo.