Legisladores demócratas de California, Nueva York, Massachusetts y Washington han dado los primeros pasos para crear normas que apoyen la resistencia de los estados a compartir información sobre indocumentados con el gobierno federal y a las anunciadas deportaciones masivas.

“Él (Donald Trump) no es un rey, es el presidente de Estados Unidos y vamos a resistir sus amenazas”, declaró a Efe el presidente del Senado de California, Kevin de León, el primer legislador en presentar un proyecto de ley para crear un “muro legal” que evite que la información personal de los inmigrantes sea utilizada en su contra por el Gobierno federal.

El demócrata De León se opone a que la información de las bases de datos de la policía, oficinas de vehículos automotores, emisores de identidades municipales o agencias de servicios públicos sea compartida con la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).

El proyecto de Ley de Valores de California establece específicamente que las agencias policiales locales tendrán prohibido compartir sus bases de datos con ICE, no podrán responder pedidos de información personal que se hagan con fines de deportación y tampoco podrán recolectar información o siquiera preguntar el estatus migratorio de las personas.

“California no va a trabajar con el Gobierno federal en las deportaciones”, afirmó de León, quien adelantó que la resistencia podría llegar a la corte federal en el caso de que su proyecto no sea aprobado.

En Massachusetts, el senador estatal demócrata Jamie Eldridge también dijo estar dispuesto a proteger los derechos civiles de “todos los residentes” del estado, sin importar su estatus migratorio, asegurándose que ningún recurso sea usado para ayudar a Trump a deportar familias inmigrantes.

“La lucha contra la tiranía es parte integral de la historia de Massachusetts”, declaró a Efe el legislador, que es autor de una ley para prohibir la colaboración del estado con las deportaciones y el futuro registro de musulmanes anunciado por el presidente.

“Trump ganó la elección, pero eso no cambió nuestros valores y estamos dispuestos a pelear cualquier intento de destruir el tejido social y la Constitución de nuestro estado”, agregó.

En Nueva York, un proyecto presentado en la Asamblea Legislativa prohíbe que el estado y las universidades públicas de la ciudad de Nueva York compilen información sobre nacionalidad y estatus migratorio de los estudiantes.

Asimismo, el estado no podrá suministrar información al gobierno federal que ayude a crear un registro de personas basado en raza, religión o nacionalidad.

Se calcula que en la ciudad de Nueva York viven unos 500,000 indocumentados, que en su mayoría usan una tarjeta de identidad municipal, pero esos registros serían destruidos en el caso de que fueran reclamados por Trump, declaró recientemente el alcalde Bill de Blasio.

Según el concejal Rafael Salamanca, que representa el Distrito 17 del sur del Bronx, el alcalde está dispuesto a dar la pelea para proteger a la comunidad inmigrante.

“Estamos comprometidos con todos los inmigrantes y haremos todo lo posible para ayudarlos en su ciudad”, declaró a Efe.

El abogado Adam Schwartz, de la Electronic Frontier Foundation, que aboga por la libertad digital, dijo que hay mucha preocupación en todo el país por las medidas del Gobierno contra los inmigrantes y opinó que más estados se van a sumar a la “resistencia”.

Mencionó que el gobernador del estado de Washington, el demócrata Jay Inslee, nombró una comisión para identificar qué agencias deberían proteger su información, y lo mismo hizo el gobernador republicano de Vermont, Phil Scott, quien pidió recomendaciones a un grupo técnico.

“La aprobación de leyes para no cooperar con la invasión federal de las libertades digitales es fundamental, en particular para evitar que los bancos de datos locales y estatales caigan en manos del Gobierno”, declaró a Efe.

En Illinois, donde se han emitido 500,000 licencias de conducir a indocumentados, los registros estarían fuera del alcance federal por no ser un documento comprendido en la Real ID.

Sin embargo, el Gobierno estatal no descarta que en el futuro tenga que disputar en la corte algún reclamo del Gobierno para acceder a esos datos, dijo a Efe el vocero de la Secretaría de Estado, Ernesto Martínez.

Schwartz dijo que también existe “mucha ansiedad” con el uso que pueda hacer Inmigración de la información proporcionada por los 750,000 jóvenes indocumentados que se ampararon a la Acción Diferida (DACA) y no saben cuál será su futuro.

Igualmente advirtió sobre el uso de un banco de datos de pandillas que ICE comparte con las agencias policiales, en los que presuntamente hay errores que en varias oportunidades pueden haber conducido a la deportación de personas inocentes.

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