Con el fin de establecer un nuevo frente a la delincuencia internacional, sobre todo la que opera en la frontera de México y Estados Unidos, el Gobierno de Tamaulipas y de agencias de seguridad en el corredor fronterizo del sur de Texas, pusieron en marcha el programa denominado “Campaña de seguridad y prosperidad”, que busca la participación de las comunidades de ambos lados de la frontera en la lucha contra acciones criminales para que aporten datos o hagan denuncias que contribuyan a frenar o prevenir acciones criminales.

El director ejecutivo de Alianza Americas, red de organizaciones de inmigrantes latinoamericanos y del Caribe en Estados Unidos, Oscar Chacón, expresó su preocupación por lo que llamó “el empeoramiento de los derechos de personas que habían recibido un estatus de protección migratoria dentro del país”, tras la decisión del gobierno actual de eliminar paulatinamente el TPS.

El joven indocumentado, de 25 años, se encontraba en una carrera contra el tiempo ya que su amparo de DACA se venció el pasado 4 de mayo y las autoridades de Inmigración insistían en rechazar la solicitud de Ramírez de renovación por sus supuestos vínculos con un grupo pandillero, por lo que estaba en riesgo de ser deportado.

La muerte de la joven mexicana el 16 de mayo de 2008 generó dos demandas de la Unión de Campesinos (UFW) que provocaron que la División de Salud y Seguridad Ocupacional de California (Cal/OSHA) tomase medidas para garantizar que los trabajadores disponen de sombra adecuada para su descanso y agua potable