Ombudsman hondureño aboga por residencia legal a centroamericanos en EE.UU.

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La regularización permanente del estatus de los centroamericanos en Estados Unidos permitirá tener una Centroamérica “prospera, democrática y segura”, consideró el Comisionado de los Derechos Humanos en Honduras, Roberto Herrera.

“Necesitamos, tal y como lo venimos diciendo desde 2014, tratar de asegurar como primera opción que nuestros compatriotas, que han sido beneficiados con el TPS (Estatus de Protección Temporal) y que han acreditado su aporte a la economía y su respeto a las leyes norteamericanas, tengan la posibilidad de tener un estatus permanente”, indicó Herrera en un comunicado.

De no lograrse la estancia legal permanente, el defensor del pueblo hondureño dijo que deben buscarse mecanismos para que Estados Unidos extienda el TPS.

Además, felicitó al presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, y al Gobierno de El Salvador por solicitar formalmente el 15 de junio a Estados Unidos que extienda el TPS, un permiso migratorio que expira a principios de 2018, en el marco de una conferencia sobre Centroamérica que se desarrolló en Miami.

Herrera, también miembro de la Federación Iberoamericana de Ombudsman, señaló que es necesario crear “sistemas” que garanticen que las personas migrantes se van a beneficiar de “una situación más ordenada, más regular y más segura en el futuro”.

Abogó, además, por “la unidad” del Gobierno, sociedad civil y todos los sectores para “proteger” no solo a los migrantes beneficiados por el TPS, sino a todos los que viven en Estados Unidos y se encuentran “bajo la amenaza de una posible deportación”.

La decisión que el Gobierno de Donald Trump tome sobre el TPS impactará a 57.000 inmigrantes de Honduras y a otros 263.000 de El Salvador, que ven expirar su permiso temporal migratorio en enero y marzo de 2018, respectivamente.

El TPS es un programa temporal que el Gobierno de Estados Unidos ofrece a inmigrantes indocumentados que no pueden regresar a su país debido a desastres naturales o conflictos civiles.

Los hondureños, junto a otros 5.000 inmigrantes de Nicaragua, pudieron beneficiarse de esta protección temporal en 1999 después del devastador huracán Mitch, mientras que los salvadoreños fueron incluidos en este programa en 2001 después de una serie de terremotos que sacudieron a su país.

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