PHOENIX, ARIZONA.- Luciana fue una de las víctimas de las redadas que llevó a cabo el ex Alguacil Joe Arpaio en los centros de trabajo del Condado de Maricopa, por lo que la mexicana acudió el sábado 24 de febrero a informarse sobre la compensación económica que podría recibir por la detención ilegal y el trato “racista” que afirma haber recibido al ser arrestada.

“En el 2013 nos cayó el sheriff a la fábrica de costura y me detuvieron a mí y a otras 33 personas. Yo fui llevada a la Estrella (cárcel Estrella), fue algo terrible que duele mucho recordar”, dijo visiblemente consternada a Inmigracion.com.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) logró que una querella contra el Condado Maricopa, en Arizona, por efectuar redadas “ilegales” en sitios de trabajo, concluyera en un acuerdo final que estipula el pago de casi un millón de dólares para los afectados.

La denuncia fue interpuesta en 2014 por ACLU y el grupo Puente Arizona, y se basó en la falta de legalidad al llevar a cabo las detenciones en los centros de trabajo, lo que derivó en el arresto de cientos de indocumentados con cargos por robo de identidad al trabajar con números de Seguro Social que no les correspondían.

Luciana, nativa de Morelos (México) y quien lleva viviendo 22 años en Phoenix (Arizona) pasó 8 meses alejada de su familia, confinada en un centro de detención en Arizona.

“Me detuvieron en febrero y salí hasta noviembre gracias a la ayuda de abogados y de organizaciones. Ahora dicen que nos van a dar una compensación, pero realmente es un dinero que nosotros ya lo gastamos, hemos gastado más de lo que nos pueden dar, yo en abogados gasté alrededor de 23 mil dólares”, denunció.

María Castro, organizadora comunitaria en Puente, estuvo apoyando a todas las personas que acudieron a la clínica donde se informó sobre el “Programa de fondo de compensación por perfilamiento racial de la Oficina del Aguacil del Condado de Maricopa (MCSO) y Arpaio”.

“Todas esas personas que fueron detenidas cuando el entonces sheriff Arpaio violó la orden de la corte e ilegalmente detuvo a las personas, ahora son elegibles para recibir la compensación por el racismo que experimentaron”, dijo Castro.

Las personas que fueron detenidas entre el 23 de diciembre del 2011 y el 24 de mayo de 2013, en violación a la orden judicial preliminar en el litigio de Ortega Melendres v. Arpaio, pueden participar en un programa de compensación ordenado por el tribunal, a partir del 1 de diciembre del 2017.

La orden preliminar prohibió a los aguaciles detener a las personas basándose únicamente en su creencia de que la persona estaba en los Estados Unidos de manera indocumentada.

“Cada caso es diferente, la compensación se basa en el tiempo que caca persona estuvo detenida, y para calificar para esta compensación tuvieron que haber estado detenidas por más de 20 minutos, y por cada 20 minutos adicionales se les incrementa la compensación que recibirán”, explicó Castro.

Mencionó que la compensación aumenta 35 dólares por cada 20 minutos detenidos, ya sea en el estado de Arizona, en las oficinas de inmigración o los centros de detención.

“El dinero máximo que pueden recibir son 10 mil dólares, además si las victimas acumularon gastos extras a raíz de la detención, como la pérdida de empleo o facturas médicas, pueden pedir una compensación extra al tope mencionado”, detalló.

“Es importante que no tengan ningún cargo pendiente con el estado, si tienen cargos por usar identidad falsa o fueron convictos no califican. Pero hay muchas personas que sí califican y desconocen que tienen derecho a este dinero”, destacó.

Manuel Saldaña, uno de los voluntarios que acudió a Puente para ayudar a las personas a llenar las aplicaciones, relató como podía percibir la tristeza y el miedo de las víctimas al revivir las escenas pasadas.

“La gente viene con miedo, piensan que la información sobre las injusticias que vivieron la puedan volver a usar contra ellos. A las personas que están contando sus historias se les nota la tristeza en sus ojos, el dolor que vivieron al ser separados de sus familias y el trato que recibieron, muchos sin merecerlo, solo por trabajar para sus familias”, resaltó.