En esta disfuncional administración de Donald J. Trump quizá lo único que está operando como se había planificado es la maquinaria de deportaciones. A diario se nutre en gran medida de inmigrantes sin historial delictivo, porque no hay suficientes “bad hombres” entre la comunidad inmigrante para llenar las cuotas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Cada día se reporta de algún caso en el que las autoridades podrían ejercer discreción y sentido común, pero optan por la separación de familias.
Recuerdo las múltiples entrevistas que hice en Alabama en 2011 tras la implementación de la ley HB 56, que criminalizaba a los indocumentados, y en Arizona en 2010 en medio del caos de la SB 1070. Si un padre o una madre eran detenidos, siempre había un denominador común: se trataba de familias que teniendo hijos ciudadanos no dependían de ningún programa federal o estatal para su sustento. Eran familias que trabajaban, a veces tenían negocios propios, solventaban todos los gastos de sus hijos, pagaban impuestos, compraban casas, auspiciaban comercios, revivían comunidades y trabajaban en industrias clave para nuestra economía. Algunos de estos indocumentados eran cónyuges o padres de militares estadounidenses.
Al remover al padre o la madre de familia no solo se desestabilizaba la parte emocional, sino la económica. Y no solo para esa familia, sino para la economía de la comunidad inmediata y del estado. Recuerdo haber visitado negocios vacíos en Alabama porque los inmigrantes optaron por irse del estado. Recuerdo a los dueños de esos negocios lamentarse de una ley antiinmigrante que los dejó sin consumidores. Y recuerdo a agricultores lamentarse porque se quedaron sin la mano de obra experimentada para pizcar cosechas que en muchos casos se echaron a perder.
Lamentablemente no siempre se aprende de errores pasados, y ahora Texas le sigue los pasos a Arizona y Alabama con su propia versión de ley antiinmigrante y pro perfil racial, la SB 4. Los malos hábitos son difíciles de romper, sobre todo cuando a nivel federal somos gobernados por un antiinmigrante en jefe.
Por eso cuestiono que se hable de los indocumentados como si vivieran aparte, en un vacío; como si no constituyeran una parte intrínseca de familias, comunidades, economías, industrias; una parte intrínseca de esta nación.
Como si no fueran una de las piezas de nuestra propia seguridad. Pero esta administración ha implementado prácticas que ponen en juego esa seguridad que tanto dicen defender. Fomentando la colaboración entre policías locales y autoridades migratorias provoca que esos inmigrantes no reporten delitos de los cuales son víctimas o testigos, lo cual pone en riesgo la seguridad de todos. Esta administración también está fomentando que su fuerza de deportación incluso se presente a detener inmigrantes en los tribunales; en muchos casos, inmigrantes que no representaban prioridad de deportación en el gobierno de Obama y que se han presentado a sus citas con inmigración como lo estipulan las reglas solo para ser detenidos y eventualmente deportados.
Para nutrir la maquinaria de deportaciones, el gobierno de Trump actúa como el “bully” en la escuela. Se centra en los inmigrantes que están a la mano, a su disposición como, por ejemplo, los que tenían órdenes de deportación pero no necesariamente constituían una prioridad. La Prensa Asociada reportó que hay casi un millón de inmigrantes en esta situación y 82% de ellos no tienen historial delictivo.
Pero en nada debe sorprendernos que un gobierno liderado por un “bully” como Trump opte por estas tácticas, por presas fáciles, para alimentar su maquinaria de deportaciones.
Lo peor del caso y también lo más irónico es que sean funcionarios de dudosa reputación y potencialmente involucrados en asuntos truculentos, como Trump y algunos de sus “satélites”, embarrados en el Rusiagate, los que estén determinando qué constituye un ‘bad hombre’.