NUEVA YORK.- Los últimos 18 meses bajo la protección del Estatus de Protección Temporal (TPS) comenzaron oficialmente este martes 20 de marzo de 2018. En la antesala de la fecha, los salvadoreños organizados en comités locales de la Alianza Nacional TPS-Pro Residencia motivaron a sus connacionales a endurecer la lucha y el cabildeo político que les permita una vía hacia la legalización.
Sin embargo, muchos expresaron su tranquilidad, basados en su Fe y en el avance del movimiento activista nunca antes visto en el espectro comunitario y alianzas tanto locales como a nivel nacional, lideradas desde Washington D.C.
Dos familias beneficiarias de TPS compartieron con Inmigración.com su expectativa sobre la última re-inscripción y el futuro próximo. José Salinas, de 58 años, y su esposa Carmen, aplicaron en enero para renovar su estatus y el de dos de sus hijos con el mismo asesor de siempre.
Otros dos hijos de la pareja, que viven en California y Carolina del Norte, se encargaron de sus propios procesos.
“Ya dijeron que el TPS se acabó, ahora lo que tenemos que hacer es seguir organizados para que se nos otorgue un estatus diferente. Aunque era algo temporal, no es justo que ahora, después de 18 años, nos digan vete”, reclamó Salinas.
Añadió que ellos tienen sus impuestos al día, sus hijos han hecho sus vidas aquí, tienen siete nietos y una hipoteca para los próximos 18 años. “Lo que queremos es que se nos dé una oportunidad, un permiso especial con derecho a residencia, algo justo”, apuntó.
La fe en Dios los mantiene serenos, pero también están pensando en el peor escenario posible y que deben tener un plan alternativo; pero no se ven regresando a El Salvador, de donde él salió en 1989, cuando el país estaba quebrado económicamente después de un terremoto y en plena guerra. “Es difícil porque mi país no está preparado. Dicen que va a ser en orden pero el problema es que no hay trabajo”, añadió, indicando que él es el principal soporte económico de sus padres octogenarios y enfermos, que viven en el departamento de Santa Ana.
Los frutos del movimiento
Los esposos Salinas forman parte del comité de la Alianza Nacional TPS-Pro Residencia de Glen Cove, en Long Island, y han participado en cinco rondas de cabildeo en Washington D.C. “Nunca pensé que yo haría eso, la primera vez que fui iba temeroso, es el centro del poder de Estados Unidos. Fuimos, entramos y anduvimos tocando puertas… abrían y nos preguntaban quiénes éramos, nos decían que no sabían nada de lo que estábamos hablando, ahora ya saben y nos conocen. Creemos que el 80 por ciento nos apoya, y aunque hay otros en contra la esperanza hay que mantenerla hasta el final”, sostuvo el jefe del hogar.
Por su parte, Miguel Amaya y su esposa Consuelo tienen tres niñas de 14, 12 años y siete meses. Se integraron al comité de TPS en Riverhead aunque viven en Shirley, y entregaron la aplicación para renovar el beneficio este mes de marzo.
Amaya también es optimista y espera que todo el trabajo de cabildeo político dé sus frutos. “Esperamos que el gobierno nos de un camino a la residencia… si tenemos que irnos no se qué vamos a hacer”, expresó. Agregó que “Dios nos va a poner donde él quiera, no donde nosotros queramos”.
Amaya es originario de Sensuntepeque, departamento de Cabañas y lleva más de la mitad de su vida en Estados Unidos; desde que llegó en 1993 ha desempeñado trabajos en restaurantes, jardinería y construcción.
Afirmó que como familia están tranquilos, tienen mucha fe. “Faltan 18 meses, si pasa un año y no se ha definido nada pues nos vamos a ir”, apuntó.
Igual que Salinas, Amaya nunca se imaginó formar parte de las misiones de cabildeo en Washington D.C. “Es positivo lo que hacemos de acuerdo con los derechos de cada individuo”, dijo. Reconoció que hay varias organizaciones y sectores nacionales que les han dado su apoyo.
Al respecto, el veterano activista salvadoreño-americano Omar Henríquez, considera que la creación de la Alianza Nacional TPS “ha energizado a un sector de la población, que de otras maneras no se hubiera organizado para nada”.
Al preguntarle si se trata de un movimiento más amplio que el de solidaridad creado durante la guerra en El Salvador, respondió que no, pero que tiene potencial para superarlo, ya que ambos reclaman una cosa: justicia.
“Toma en cuenta, por ejemplo, que los hijos de indocumentados nacidos aquí no tienen el mismo peso de reclamo que los TPS, y la diferencia es que ellos tienen permiso de estar aquí”, puntualizó.
Además de los consulados salvadoreños de Manhattan y Long Island, hubo organizaciones como la Red de Comunidades Salvadoreñas que unieron esfuerzos para hacer reinscripciones. Tal es el caso de las hermanas Ana y Mirna N., quienes efectuaron el trámite el jueves por la noche en un restaurante de la ciudad de Lawrence.
Dijeron que habían tenido que ahorrar el dinero y por eso lo hicieron casi al final del período otorgado por inmigración.
Demanda contra Trump
En la antesala del fin de la reinscripción, los comités locales de la Alianza Nacional TPS-Pro Residencia se manifestaron el Viernes 16 de marzo frente al edificio central del Servicio de Inmigración en Manhattan, Nueva York. Allí informaron sobre la demanda presentada el 12 de marzo pasado ante una corte federal de San Francisco contra la Administración Trump por los beneficiarios de TPS y sus hijos, de Sudán, Haití, Nicaragua y El Salvador.
#TPSJustice es el primer caso que desafía la cancelación del programa; fue presentada por la Fundación ACLU del Sur de California, la Organización Nacional de Jornaleros (NDLON) y la firma de abogados Sidley Austin LLP.
La demanda es parte de un esfuerzo nacional liderado por la Alianza Nacional TPS, integrada por beneficiarios de TPS organizados en más de 35 comités de TPS en todo el país, así como CARECEN Los Ángeles, la Unión Internacional de Pintores y Comerciantes Afines (IUPAT), UNITE-HERE, y Comunidades Africanas Juntos.