CHARLOTTE, NC.- Tras varios meses de buscar un sitio que le ofreciera santuario, Eliseo Jiménez, padre mexicano de cuatro ciudadanos estadounidenses, logró sentirse a salvo el pasado 9 de octubre cuando la Iglesia Unida de Cristo de Umstead Park, en Raleigh, le abrió sus puertas.
Jiménez debía haber abandonado el país hace un poco más de dos meses, pero tras mantenerse escondido y con el apoyo del grupo de base Alerta Migratoria NC consiguió finalmente ser acogido en la institución religiosa.
En una conferencia de prensa ofrecida la tarde del martes 10 de octubre en el salón principal de la iglesia, Jiménez dijo a los medios que tomó la decisión de desafiar la orden del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) porque no es un criminal y porque quiere “criar y proveer a sus hijos”, que todavía necesitan de él.
“Quiero que mis hijos cuenten con un padre que no solo les provea económicamente, sino que los ayude a construir esos pequeños momentos que guardarán en su recuerdo cuando sean grandes”, dijo el inmigrante con la voz entrecortada. “Quiero que ellos recuerden tener un padre que los lleva al parque, al cine o a comerse una nieve (helado)”.
Viridiana Martínez, dirigente de Alerta Migratoria NC, dijo que no fue fácil encontrar este lugar para Eliseo, por lo que agradeció el gesto del revendo Douglas Long al acogerlo en ese recinto. Mientras tanto, agregó, la estancia del inmigrante en este lugar dará más tiempo a sus abogados para conseguir la reapertura de su caso, iniciado en 2007.
“Queremos que Inmigración reconsidere la situación de Eliseo y que deje de separar a familias como la que él tiene, pues tanto sus hijos pequeños como sus hijos mayores necesitan de su apoyo y guía”, dijo Martínez ante los medios.
La historia
Jiménez, quien reside en Estados Unidos desde hace 22 años y reside en la ciudad de Greensboro, al noroeste de Carolina del Norte, comenzó su pesadilla en 2007, luego de una parada de tráfico en condado Alamance.
Al no contar con licencia de conducir, fue detenido y procesado a través del programa 287g en la Oficina del Alguacil de Alamance, que adquirió relevancia nacional tras enfrentar una demanda federal interpuesta por la Unión Americana para las Libertades Civiles (ACLU) por el uso del perfil racial a la hora de programar sus retenes de control.
“Cuando me detuvieron y vieron que no tenía papeles, me obligaron a firmar la salida voluntaria, me dijeron que por ser indocumentado no tenía derecho a un abogado ni a ser escuchado por un juez”, relató Jiménez, agregando que de inmediato lo deportaron a México.
Al originario de San Luís Potosí, solo le tomó un mes volver a Estados Unidos, junto a sus hijos de entonces 9 y 8 años. “Regresé por mis hijos, por mi familia, porque sabía que sin mí la vida se les haría más difícil y porque si me quedaba en mi pueblo corría el riesgo de ser secuestrado para extorsionar a mi familia aquí y sacarles dinero”, dijo ante los medios.
Tras varios años de pasar desapercibido ante las autoridades, Jiménez se vio envuelto en una situación que provocó que su expediente se manchara con cargos criminales. “Vivía con un amigo en 2013 y tomé prestada su camioneta, pero a él se le olvidó que la había prestado y creyó que se la habían robado e hizo un reporte con la Policía. Luego el juez desestimó los cargos y logré salir libre”, explicó.
Como resultado de la gestión y al no ser una prioridad de deportación, Jiménez obtuvo un permiso de trabajo y la condición de reportarse periódicamente a las oficinas de Inmigración en Charlotte.
Sin embargo, su condición cambió con la entrada del nuevo gobierno.
Ultimátum
Cuando en junio pasado se presentó a su cita habitual, los agentes de ICE le informaron que debía salir del país el 31 de julio pasado. Desde entonces, decidió que no se dejaría vencer y lucharía para quedarse junto a su familia.
“Mis hijos mayores tienen 19 y 14 años y los pequeñitos apenas comienzan a vivir. Ellos dependen de mi para criarlos, guiarlos y proveerles”, concluyó.
Ahora, el abogado que representa a este inmigrante busca reabrir su caso y apelar sobre la base que su deportación en 2007 fue ilegal al no permitírsele el acceso a una defensa legal y no haber seguido el debido proceso.
El apego de Jiménez al fenómeno santuario marca el quinto caso en el estado luego del de la guatemalteca Juana Tobar y el salvadoreño José Chicas, quienes aún se encuentran refugiados, y los de la mexicana Minerva Cisneros y la hondureña Dunia Vásquez que consiguieron la reapertura de sus casos y abandonaron el santuario.
Según el Consejo de Investigación de Pew, actualmente hay más de 8 millones de adultos indocumentados trabajando en los Estados Unidos. Componen el 15% de la industria de la construcción y el 25% de nuestros trabajadores agrícolas. La mayoría han vivido en los Estados Unidos más de una década. La repentina deportación de estos individuos arruina sus vidas y destruye sin sentido a sus familias.
“Ofrecer refugio a una familia atrapada en el punto de mira del sistema en el que vivimos y en el que se beneficia es un acto espiritual”, explica el Rev. Douglas Long, ministro de Umstead Park UCC. “Se trata de practicar nuestra creencia en la igualdad de humanidad de todos. Proporcionar un santuario da a sus abogados tiempo para seguir el debido proceso y una oportunidad para presionar a los legisladores para aprobar leyes que realmente tienen sentido … leyes que reflejan la realidad económica y social que hemos vivido en todas nuestras vidas “.