WASHINGTON, DC.- Los últimos días del año 2017 tocarán los picos de incertidumbre para cerca de 200 mil salvadoreños amparados con el Estatus de Protección Temporal, TPS, del que esperan una declaración por parte del Departamento de Seguridad Nacional, DHS, la primera semana del 2018.
Para revisar ese panorama un grupo de expertos convocados por el Centro Woodrow Wilson, en Washington, analizó –en una tele conferencia- los escenarios posibles en el evento llamado: “TPS en riesgo: implicaciones para Centroamérica y las políticas de Estados Unidos”
El Salvador está en la diana al tener el mayor número de portadores del TPS, según coincidieron especialistas como Eric Olson, subdirector del programa para América Latina de este importante centro de análisis en la capital estadounidense.
A sus planteamientos se unieron Doris Meissner, directora de Programa para Estados Unidos, del Instituto de Políticas Migratorias, y Jorge Peraza-Breedy, jefe de misión para el Triángulo Norte de Centroamérica de la Organización Internacional para la Migración.
Eric Olson cree que la notificación sobre el futuro del TPS para los salvadoreños definirá el enfoque que la administración de Donald Trump tiene respecto a este grupo, y el escenario más probable sería un anuncio similar a lo ocurrido con Honduras, en noviembre pasado, cuando se anunció que se revisaría su continuidad y extendió su validación por seis meses más, mientras DHS toma la decisión final.
“Yo sinceramente creo que estos países (El Salvador y Honduras) deberían prepararse para la terminación del TPS… porque está muy claro que dentro de la administración del presidente Trump hay un fuerte debate sobre este tema y predomina la tendencia de cortar estos beneficios”, explicó Olson.
Para Jorge Peraza-Breedy, quien monitorea la situación de las migraciones desde el propio terreno en Centroamérica, esta situación y los eventuales escenarios deberían impulsar un consenso en esta subregión, para poder sentar una postura más uniforme sobre esta problemática.
A su juicio El Salvador y Honduras enfrentan dificultades porque no tienen la capacidad de recibir e insertar en la vida productiva a este numeroso grupo de connacionales que han pasado ya casi 20 años viviendo en Estados Unidos. Paraza-Breedy motiva a los gobiernos de la región para que pongan sobre la mesa de conversaciones esta problemática de cara a las gestiones ante Washington.
Hasta el momento la cancillería salvadoreña -con más visibilidad pública por las declaraciones emitidas luego de encuentros con sus interlocutores políticos en la capital estadounidense,- está más orientada a hacer notar que los trabajadores amparados con el TPS son un aporte importante a la economía y a la sociedad de este país, pero no ha explicado la dificultad que traería para sus países absorber de manera forzada a esta población.
Por su parte Doris Meissner, con experiencia dentro del gobierno federal como ex comisionada del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, USCIS (por sus siglas en inglés), enfatiza que ambas líneas de abordaje son válidas, tanto por el aporte de esta comunidad inmigrante, como por las dificultades de los países para recibirlos el masa.
Por un lado, es claro que un cierre abrupto del programa de TPS para este grupo de centroamericanos traería algunas consecuencias internas dentro de Estados Unidos, y los datos recabados les indican que el impacto seria visible.
Le experta pone sobre la mesa los datos obtenidos por el Centro para Estudios de Inmigración (CMS por sus siglas en inglés), que radiografió de manera completa a este grupo de inmigrantes con datos que revelan la complejidad de la situación por su fuerte arraigo a este país al tener más de 15 años de estancia legal.
La investigación ha arrojado datos concretos como que los cerca de 340 mil trabajadores de varios países amparados con el beneficio migratorio laboran entre un 63 y 66 por ciento más que otros migrantes y que la población en general.
Doris Meissner enfatiza en un punto de interés que tocaría intereses sensibles en el sector financiero como lo es la tenencia de títulos valores en hipotecas, que los salvadoreños, hondureños y haitianos amparados con el TPS, -unos 100 mil- han adquirido con la compra de vivienda, lo que podría significar un fuerte sismo, al no poder continuar con los pagos ante su inestabilidad en el país.
Al análisis anterior se agrega que los Salvadoreños, Hondureños y Haitianos con TPS (grupo de estudio) han procreado unos 273 mil niños, ciudadanos estadounidenses, con los que el gobierno federal tiene obligaciones.
Los rubros de la economía donde los beneficiarios del TPS han inyectado su mayor fuerza productiva son: construcción, con unos 57 mil 700 empleos; restaurantes y otros servicios de comida con 32 mil 400 plazas; jardinería con unos 15 mil 800 inmigrantes; en servicios de cuidado infantil con cerca de 10 mil trabajadores; y en tiendas unos 9 mil 200 empleados con TPS, según el estudio del centro Woodrow Wilson.
En cuanto a la distribución geográfica de beneficiarios del TPS en Estados Unidos, California se ubica en la primera posición, con cerca de 55 mil residentes, seguido por Texas y Florida con unos 45 mil; Nueva York con más de 26 mil; y el Área Metropolitana de Washington donde residen unos 50 mil, en su mayoría salvadoreños.
Este miércoles 20 el canciller de El Salvador, Hugo Martínez, arribó al país para participar en una serie de reuniones en Washington DC y seguir en las gestiones por el TPS ante representantes de la administración de Donald Trump y del congreso, según indicaron fuentes de la cancillería a Inmigración.com.
Para los expertos invitados por el Centro Woodrow Wilson, es claro que la región centroamericana debe preparar todos los escenarios posibles, adversos y favorables, ante las decisiones que surjan en los próximos días.