LAS VEGAS, NV.- La imposición de cuotas de casos de inmigración definidos al año, ordenada por el gobierno a los jueces de inmigración y que entró en vigor el lunes 1 de octubre, afectará directamente a los inmigrantes que tienen el derecho a ser tratados con respeto en sus procesos migratorios.
Así lo afirmó la abogada de inmigración, Kathia Pereira, en entrevista con el programa “Tu Voz, Tu Derecho”, de inmigración.com emitido el 30 de septiembre, al referirse a la orden del Fiscal General de la nación, Jeff Sessions, que obliga a los jueces de inmigración a finalizar como mínimo 700 casos migratorios al año, so pena de ser investigados.
El anuncio, que ya había anticipado el fiscal, fue reiterado claramente el 10 de septiembre pasado cuando se dirigió a un grupo de nuevos jueces de inmigración y les advirtió que “están obligados a resolver casos con eficiencia en un sistema afectado por dilaciones y la acumulación de asuntos”.
La Oficina Ejecutiva de Revisión Migratoria (EOIR), de la que dependen los tribunales de Inmigración, explicó que los cambios obedecen al “Plan de Evaluación Laboral” que exige rendición de cuentas a los jueces, según lo dieron a conocer medios de comunicación.
Para que los jueces reciban una calificación “satisfactoria”, tendrán que resolver al menos 700 casos al año, con el objetivo de agilizar la resolución de los más de 600,000 casos pendientes en los tribunales y que, debido a escasez de recursos, a veces toman años, argumenta el gobierno.
El fiscal Sessions también les dijo a los jueces que “tienen que ser creativos” al momento de resolver los casos y los conmina a hacer uso apropiado de tecnología en los tribunales.
La abogada de inmigración, Kathia Pereira, reiteró que esta medida va a incidir directamente en el derecho que tiene toda persona que se presenta frente a un juez, a ser tratada con respeto.
“Poner a los jueces ‘a correr’ lo que hace es perjudicar el proceso del inmigrante porque necesita tiempo para recopilar documentos, juntar pruebas, y lo que el fiscal Sessions, le está diciendo a los jueces es que no se detengan en el proceso, que tomen una decisión rápida, y básicamente el mensaje es que deporten a la mayor cantidad de personas posible.
La abogada calificó esta orden del gobierno como “una falta de respeto” y agregó que “lo que sucede es que en la cabeza de muchas personas, los inmigrantes somos ciudadanos de segunda categoría, no se miran nuestros aportes, se mira simplemente el hecho de que no nacimos en este país, o el color de nuestra piel, que es lo más triste.”
La Asociación de Abogados Migratorios de Estados Unidos (AILA, por sus siglas en inglés) denunció así mismo la orden del Fiscal a los jueces de inmigración y criticó duramente la amenaza de que los jueces tengan que someterse a un proceso disciplinario si no cumplen con dicho objetivo.
La presidenta de la AILA, Anastasia Tonello, sostuvo que esta normativa “cercena” la “autoridad” de los jueces de derecho migratorio al obligarles a tener que elegir “entre garantizar que se haga justicia o perder sus empleos”.