SAN FRANCISCO, CA.- Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes están creando una red de células barriales listas para intervenir cada vez que el gobierno emprende alguna acción contra extranjeros sin permiso de residencia.
Agrupaciones religiosas y activistas están entrenando a cientos de voluntarios en todo el país para que sean parte de una Red de Respuesta Rápida, capaz de movilizarse con velocidad y enviar gente que documente los arrestos de inmigrantes, les ayuden a conseguir asesoría legal y los apoyen a ellos y a sus familias a hacer frente a los procesos judiciales.
El temor a redadas aumentó este año en San Francisco en medio de versiones de que agentes del servicio de inmigración se proponen detener a 1.500 personas que viven en el país sin autorización. Este mes 77 restaurantes y otros negocios del norte de California recibieron avisos de inspección del servicio de inmigración.
“Lo rescatable de esta crisis es que todo el malestar se está transformando en solidaridad de raza y de clase en nuestro país”, expresó Lorena Melgarejo, organizadora barrial de la agrupación sin fines de lucro Faith in Action, de San Francisco, que participa en el lanzamiento de la red.
Melgarejo indicó que más de 1.500 personas habían sido entrenadas en los condados de San Francisco y San Mateo solamente.
Los inmigrantes pueden llamar a números de teléfono especiales en varias partes del país si están siendo detenidos por las autoridades federales. Cuando alguien informa de un arresto, se despacha inmediatamente a voluntarios para verificar el dato, observar el episodio y ofrecer apoyo moral a los detenidos.
Munidos de teléfonos y anotadores, maestros, curas, jubilados y demás son entrenador para tomar notas, filmar video y tomar fotos durante los arrestos. También aprenden los derechos básicos de los inmigrantes y a no interferir con los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (conocido como ICE, sus siglas en inglés).
Los operadores de las líneas telefónicas especiales ponen la información de los arrestos en las redes sociales y contactan a abogados de inmigración, para que se presenten en los centros de detención. La asesoría legal asegura que el inmigrante “no es arrestado en medio de la noche, sin testigos de la comunidad”, señaló Sofía Corona, abogada del Centro Legal de Defensores de los Inmigrantes de Los Ángeles, que es parte de la Red de Respuesta Rápida en el sur de California.
“Mucha gente no sabe que, a menos que haya una orden de detención con su nombre en ella, no pueden ser arrestados”, afirmó.
El portavoz del ICE James Schwab advirtió contra cualquier interferencia durante los arrestos.
“Los individuos que intervienen o tratan de impedir que los agentes del ICE cumplan con su misión ponen en peligro negligentemente no solo el personal policial sino también a los individuos a ser detenidos y potencialmente a curiosos”, señaló en un comunicado. “Quienes incurran en esas actitudes corren el riesgo de perjudicar a la gente que dicen apoyar”.
Organizaciones defensoras de los inmigrantes organizaron las primeras líneas telefónicas especiales en el 2008, durante la presidencia de George W. Bush hijo, cuando hubo redadas masivas en sitios de trabajo. Casi no se movilizaron durante el gobierno de Barack Obama, en que se batieron récords de deportaciones pero los arrestos se enfocaban sobre todo en las personas que cometieron delitos o eran consideradas una amenaza a la seguridad pública.
Ahora los equipos de respuesta rápida de California están mucho mejor coordinados e incluyen vecinos que pueden movilizarse prestamente si hay redadas. También acompañan a las familias a las audiencias legales.
David Crosson dijo que una visita a un centro de detención cerca de la frontera con México le abrió los ojos a las penurias que padecen las personas que viven en el país sin permiso. Eso lo empujó a ofrecerse como voluntario.
“Si no hiciese esto, estaría enojado todo el tiempo”, expresó Crosson, quien tiene 69 años.
Crosson señaló que en una oportunidad integró un grupo de voluntarios que envió cartas de apoyo a una mujer que esperaba ser deportada en un centro de detención. Cuando la mujer se presentó ante un juez, llevó consigo las cartas y fue acompañada por unos 80 voluntarios que abarrotaron la sala.
El juez la dejó en libertad a la espera de un juicio porque tenía tantos miembros de la comunidad con ella, según dijo.
“Ya no podemos permitir que estas vistas se hagan en la oscuridad, debemos demostrar que los inmigrantes no están solos”, sostuvo.
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