Una importante asociación nacional de abogados manifestó su apoyo a la decisión anunciada por una jueza federal de California, que ordenó la liberación antes del 23 de octubre de los menores que permanecen en varios centros para inmigrantes indocumentados.
“Durante tres años hemos estado luchando continuamente contra la detención de la familias y esta decisión pone otro clavo en el ataúd”, comentó en una declaración enviada a Efe Annaluisa Padilla, presidente de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA).
“No nos detendremos hasta que el Gobierno federal cese su reprensible tratamiento a las familias. Los niños han sufrido porque el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no se ha molestado en seguir los mandatos de la corte que ordenan un trato humano”, agregó.
El pasado viernes, la magistrada Dolly Gee pidió a las agencias federales que cumplan, antes del próximo 23 de octubre, el veredicto emitido el pasado julio que ordena liberar a los menores de los centros de detención de Karnes City y Dilley, ambos en el estado de Texas y que, a pleno rendimiento, pueden albergar a 2.932 personas.
Por su parte, el director ejecutivo de AILA, Benjamín Johnson, destacó que “la jueza Gee señaló correctamente que el Gobierno no está siguiendo sus propios estándares en varias formas”.
Mientras tanto, un portavoz del DHS explicó que el Gobierno está evaluando la decisión de la jueza de California.
“Continuamos revisando la decisión y considerando las opciones posibles con el Departamento de Justicia”, destacó el portavoz del DHS, brazo del Gobierno encargado de la Inmigración y responsable de los centros de detención en los que son retenidos los indocumentados antes de comparecer delante de los jueces migratorios.
“Una vez más, la corte le está diciendo al Gobierno que amenazar a niños vulnerables es una vía inhumana y debe ponérsele fin“, concluyó Johnson.
Por otra parte, el Concejo Estadounidense de Inmigración también respaldó la decisión y aseguró que continuará luchando por la protección de los menores indocumentados.
“Queda por ver cómo responderá el Gobierno y si cumplirá sus compromisos bajo el Acuerdo Flores”, indicó hoy en una comunicación a Efe la directora ejecutiva del Concejo, Beth Werlin.
No obstante, “la orden es una victoria largamente esperada para el trato justo de algunos de los más vulnerables entre nosotros y continuaremos luchando en su nombre”, agregó.