LOS ÁNGELES, CALIFORNIA.- La Coalición para los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (Chirla) advirtió que al cancelar la protección temporal a cientos de miles de salvadoreños y obligarlos a regresar al país del que tuvieron que huir, Estados Unidos los envía a enfrentar la violencia.
La decisión que anunció el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) es un “paso cruel y sin corazón, que significa que estas familias estadounidenses tendrán que regresar a un país del que huyeron hace más de 20 años y es probable que enfrenten la violencia, la pobreza e incluso la muerte”, declaró la directora de Chirla, Angélica Salas.
Esta medida “no dista mucho de un genocidio”, advirtió Salas.
La dirigente denunció que “Trump ha renegado una vez más una tradición estadounidense largamente mantenida, y ha agregado 200 mil familias salvadoreñas a su larga lista de inmigrantes indocumentados que desea deportar”.
Ante la decisión del gobierno de dejar desamparados a los salvadoreños en un plazo de 18 meses, la dirigente de Chirla declaró que “es una ironía que para un hombre que ha basado su candidatura y su presidencia en bombardear a inmigrantes indocumentados y promover la seguridad nacional, ahora probablemente quede registrado en los libros como el presidente de los Estados Unidos que forzó a inmigrantes legales, incluidos los destinatarios de DACA y TPS, así como asilados y refugiados, a una vida en las sombras”.
En California viven 49 mil cien salvadoreños que han tenido Status de Protección Temporal (TPS), la mayoría desde el 2001, de acuerdo con el Centro para el Progreso Americano. De ellos, unos 34 mil 400 se han beneficiado de su permiso de trabajo bajo el TPS.
El producto de ese trabajo se traduce en dos mil 400 millones de dólares anuales, según la misma fuente. Los principales trabajos que ocupan los salvadoreños en California se relacionan con construcción, servicios y alimentos, y en apoyo administrativo.
Adicionalmente, en California hay más de 50 mil hijos de salvadoreños nacidos en Estados Unidos.
En San Diego el Consorcio de los Derechos de los Inmigrantes advirtió que “el Salvador no puede manejar el regreso de cientos de miles de sus ciudadanos dada la violencia del país, la corrupción, el narcotráfico y la incapacidad de sus débiles instituciones gubernamentales para dar cabida a una afluencia masiva de personas”.
Laura Moreno, la directora del grupo, dijo que “esta decisión cruel pondrá en peligro las vidas de cientos de miles de salvadoreños y de sus hijos nacidos en Estados Unidos, en un momento en que El Salvador continúa plagado de violencia y corrupción y no está en condiciones de recibirlos”.
Moreno dijo que urge un cabildeo para que el congreso de Estados Unidos resuelva permanentemente la situación de los cientos de miles de salvadoreños acogidos al TPS.
Por su parte, la dirigente del Sindicato Internacional de Empleados de Servicio (SEIU), María Elena Jáuregui opinó que la administración del presidente Donald Trump debería considerar la separación de familias, muchos de ellos ciudadanos estadounidenses.
Refiriéndose al impacto en la economía, dijo que “cuando veamos los despidos casi simultáneos de 200 mil beneficiarios de TPS salvadoreños actualmente contratados, costará a los empleadores casi mil millones de dólares en costos de rotación inmediata”.
Agregó que el SEIU de California pedirá al Congreso que actúe con rapidez e intervenga con una solución legislativa para proteger a los salvadoreños con TPS.
“Son una comunidad de personas trabajadoras, que pagan impuestos y contribuyen a nuestras comunidades, y que son madres y padres de niños nacidos en Estados Unidos”, sostuvo.
El Comité de Servicios Amigos Americanos advirtió que la decisión de la administración Trump “tendrá un impacto devastador en las comunidades”.
El comité ha estado activo en El Salvador desde 2014, construyendo redes de paz locales y participando en la promoción de cuestiones de desplazamiento, migración y derechos humanos.