WASHINGTON. – Presionada por la extrema derecha, la Administración Trump y sus aliados republicanos en el Congreso se empeñan en reducir drásticamente la inmigración legal en EEUU, pero los propios datos oficiales demuestran que los inmigrantes no son una “carga pública” ni deprimen los salarios de los estadounidenses.
El proyecto de ley “RAISE Act”, de los senadores republicanos Tom Cotton y David Perdue, busca reducir por la mitad la inmigración legal, de poco más de medio millón en la actualidad a 500,000 para 2017.
Al crear un sistema de visas con base a “méritos” y destrezas laborales, la iniciativa también elimina ciertas categorías de visas familiares y la “lotería” anual de visas.
La medida, que debe ser aprobada por ambas cámaras del Congreso para convertirse en ley, ha sido rechazada por la oposición demócrata, algunos republicanos, economistas y, hoy mismo, por más de 160 organizaciones defensoras de los inmigrantes.
Apoyándose en parte en cifras del “Centro para Estudios de Inmigración” (CIS), un grupo conservador que desde siempre ha presionado por reducir incluso la inmigración legal, tanto la Casa Blanca como los autores de la legislación repiten las consabidas quejas de que los inmigrantes son responsables del declive social de los estadounidenses.
Sin embargo, datos oficiales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y de otros centros de estudios desbancan algunos de los argumentos que usan los conservadores contra los inmigrantes:
Destrezas laborales – Cotton argumentó que “sólo uno de cada 15 de entre millón de inmigrantes” entró a EEUU por sus destrezas laborales o su potencial de “tener éxito en esta economía”.
Cifras del DHS demuestran que en el primer semestre de este año fiscal, aproximadamente uno de cada siete inmigrantes recibió la “tarjeta verde” por contrato laboral, o un total de 75,262, incluyendo más de 25,000 profesionales con posgrado o “habilidades excepcionales”.
Además, según indicaron en un editorial Michael Fix y Doris Meissner, analistas del Instituto de Política Migratoria, el 48% de los adultos extranjeros que ha llegado a EEUU desde 2011 tiene un diploma universitario, un incremento notable respecto al 27% de los que llegaron hace 25 años.
“Carga pública”- Una hoja de datos de la Casa Blanca alega que “más del 50% de los hogares inmigrantes reciben beneficios de asistencia pública, comparado con sólo el 30% de los hogares nativos”, sin atribuirlo a ninguna fuente.
Las leyes migratorias niegan beneficios públicos a inmigrantes indocumentados y diversos centros de estudio, como el conservador Instituto Cato, han destacado que los inmigrantes legales, en general, suelen solicitar menos asistencia pública que el resto de la población.
Deprimen los salarios – Trump ha repetido el argumento conservador de que los inmigrantes “deprimen los salarios para los trabajadores más pobres y aumenta las presiones para los contribuyentes”.
Sin embargo, numerosos estudios académicos, de centros de estudios y grupos cívicos, como “The New American Economy”, señalan que los inmigrantes contribuyen a la creación de empleos y al crecimiento económico.
Aunque los salarios se han estancado o reducido para personas sin educación universitaria, pero eso se debe más a las desigualdades económicas en general, y no a la inmigración, y el proyecto de ley en ciernes no se traducirá a más empleos para estadounidenses, según expertos.
Demasiados inmigrantes – Cotton aseguró que ya no hay espacio para más inmigrantes y el proyecto de ley restablecería las normas históricas de inmigración.
Un desglosado divulgado ayer por el Centro de Investigación Pew señaló que los extranjeros conformaron en 2015 el 13,4% de toda la población en EEUU.
Contrario a lo que argumentan los conservadores, la cifra está por debajo del porcentaje histórico del 14,8% en 1890, cuando sólo había 9,2 millones de inmigrantes en el país.