La Corte Suprema permitirá, por ahora, una versión limitada del veto migratorio del presidente Donald Trump a los países de mayoría musulmana: Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen.
Se trata un aval al documento 13780, “Orden ejecutiva para proteger a la nación de la entrada terroristas a los Estados Unidos” firmada por el mandatario el 6 de marzo de 2017.
Hay una excepción importante a esta determinación, que supondrá una carga a los funcionarios de Inmigración, porque se deberá determinar el peligro de las personas para impedirles su ingreso al país, además de que los ciudadanos de esas seis naciones que tengan “una fuerte relación con una persona o entidad (escuela o empleo) en este país” se les podría permitir su entrada.
El caso estaba en la Suprema Corte, debido a que dos tribunales federales habían fallado en contra de la política de viajes y refugiados del mandatario.
En el otoño, la Corte discutirá a fondo los pros y contras de esta política, indica la opinión, aún sin firmar, del juez Clarence Thomas, realizada en colaboración por Samuel Alito y Neil Gorsuch.
“El compromiso es discutir a fondo el tema hasta que este caso sea finalmente resuelto sobre los méritos, ya que las partes (a favor y en contra) y los tribunales luchan por determinar qué es exactamente lo que significa una ‘relación de buena fe’”, indica el documento aprobado por unanimidad.
Los jueces concuerdan con el gobierno del presidente Trump en el sentido de que “la seguridad nacional es prioridad” frente a las complicaciones que impliquen la revisión de si una persona representa un peligro o no.
La primera versión de este veto era para siete países, lo que desató un caos en aeropuertos de los Estados Unidos y varias partes del mundo, además de protestas en todo el país.
La nueva propuesta sólo retiró a Irak, uno de los socios clave de los EE.UU. en Medio Oriente, y a las pocas semanas el presidente Trump se reunió con el primer ministro iraquí, Haidar al Abadi, a quien prometió que Washington “acelerará” su apoyo al país árabe en la lucha contra el Estado Islámico.
Entre los reveses que tuvo la orden ejecutiva, uno de los más polémicos fue la decisión a finales de marzo del magistrado federal, Derrick K. Watson, que tiene sede en Honolulu (Hawai), que convirtió en indefinido el bloqueo temporal, lo que desató críticas del fiscal general Jeff Sessions.
En el documento presentado por los jueces de la Corte Suprema se hace un recuento de lo que ha ocurrido con la orden ejecutiva, incluyendo la primera versión.