El presidente Donald Trump ha ordenado que la Agencia de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP, por sus siglas en inglés) contrate a 5,000 nuevos agentes, pero aunque se apruebe el dinero para pagarles, un obstáculo permanece en el camino: el 60% de los aspirantes no pasa la prueba del polígrafo o “detector de mentiras”.
De hecho, el requisito de tomar esta prueba ha impedido que numerosos delincuentes con antecedentes criminales, pasados turbios y comportamientos violentos lleguen a convertirse en agentes de fronteras en Estados Unidos desde que se instituyó por ley en 2010.
Esta semana, sin embargo, la Cámara de Representantes votó 282 a 137 -incluyendo republicanos y 51 demócratas- en favor de una medida que eximiría de tomar la prueba a los aspirantes que provengan de las fuerzas armadas o de otra agencia del orden.
El proyecto es de una congresista, Martha McSally de Arizona, que considera que los aspirantes a agentes de frontera que antes estuvieron en la policía o las FFAA, “ya han ganado la confianza pública”.
“Este proyecto ayudará a CBP a contratar a más personal calificado y controlado que ya se ha ganado la confianza pública” y “aumentar la seguridad de nuestra nación y facilitar el comercio transfronterizo y el turismo”.
Pero en la oposición a la medida están exfuncionarios de la propia agencia y del Departamento de Seguridad Nacional, y activistas fronterizos que señalan que el nivel de corrupción y abuso en CBP requiere “más control” y no menos, de los antecedentes de sus agentes.
“La ley exacerbará la corrupción y mala conducta de CBP, añadiendo personal inadecuado que esconden su pasado criminal o que tienen la intención futura de comprometer la misión de CBP¨”, dijo recientemente en una columna el ex comisionado de asuntos internos de CBP James F. Tomsheck.
Tomsheck indicó que estudios internos de la agencia sobre solicitantes que habían pasado todas las pruebas de contratación y luego tomaron el polígrafo, halló que el 65% fallaron la última prueba y muchos “confesaron detalladamente su participación en actividades criminales”.
Según el jefe de la Patrulla Fronteriza Ronald Vitielo, “el polígrafo nos da mucho trabajo para contratar, no mucha gente está aprobando”.
Pero enfrentar el problema quitando esa prueba no hará sino empeorar la calidad de la agencia, dijo Cristian Ramírez, director de la Coalición de Comunidades Fronterizas en California.
“Reducir los estándares de contratación para la Patrulla Fronteriza es una afrenta a las comunidades fronterizas que han instado al Gobierno Federal a implementar mecanismos de supervisión y responsabilidad sumamente necesarios en la mayor agencia de aplicación de ley del país”, dijo Ramirez. “La equivocada votación de hoy en la Cámara de Representantes agrava la desconfianza del público ante una agencia ya plagada de corrupción y una cultura de violencia e impunidad que ha deteriorado su credibilidad en nuestras comunidades, amenazando la seguridad y calidad de vida de los 15 millones de personas que tienen su hogar en la frontera”.
Un análisis de los casos rechazados tras la prueba del polígrafo realizado por el Centro para Reporteo Investigativo en 2013 halló solicitantes que confesaron haber participado o tener familiares en el negocio de tráfico humano o de drogas, una mujer dijo que había traficado marihuana hacia el interior de Estados Unidos más de 800 veces, otros admitieron haber tomado sobornos o tener pornografía infantil.
Algunos de esos solicitantes eran veteranos militares o de la policía.
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