Inmigración

La ausencia de una notificación oficial tiene en vilo a los hondureños con TPS

Hondureños exigen afuera de la Iglesia Episcopal Santa Cruz, en Manhattan, el 2 de diciembre de 2017, la salvación del TPS al que están amparados miles de sus compatriotas en EE.UU., y protestan por el impasse electoral que vive su país. /Foto cortesía Elvia Peralta

NUEVA YORK.- Tania Molina recuerda su origen como una joven inmigrante garífuna de Honduras que ahora está en el limbo por la posibilidad de que el Estatus de Protección Temporal (TPS) sea cancelado por la Administración del presidente Donald Trump. En más de dos décadas en Estados Unidos ella ha construido su vida como una exitosa economista, cumpliendo con sus obligaciones tributarias y ciudadanas.

Los garífunas son un grupo mestizo descendiente de Los Caribes, Arahuacos y esclavos africanos, que se ubican a lo largo de la costa norte de Honduras.

Al igual que su familia, Tania -quien nació en San Pedro Sula- viajaba con frecuencia a Estados Unidos. Después de intentar quedarse como estudiante, decidió emigrar definitivamente en 1994 para ayudarle a su abuela, quien entonces vivía en Cambridge, Massachusetts y a los 17 años descubrió su pasión por la economía; donde trabajaba se unió a una “cuota” o sistema informal de ahorro entre amigos, con lo cual pudo ir a la escuela.

En 1998, después que Centroamérica fue devastada por el huracán Mitch, más de 86.000 hondureños fueron beneficiados con el Estatus de Protección Temporal (TPS). Tania calificó para el beneficio ya que había ingresado cuatro años antes y entonces, además de trabajar en prestigiosas firmas, estudió una licenciatura y una maestría en Economía, esta última en Brooklyn College.

Tania Molina, una economista hondureña de origen garífuna, está amparada por el TPS y vive en Nueva York. Es parte del grupo folclórico Chief Joseph Chatoyer Dance Co., y espera una decisión del gobierno de EE.UU., para renovar su permiso de trabajo /Foto cortesía Tania Molina

Pero sus logros y perspectivas del futuro están en el limbo ahora que la administración Trump anunció que el TPS para los hondureños está en la cuerda floja; además el retraso de un anuncio oficial impide a los beneficiarios comenzar el trámite de renovación de los permisos de trabajo que vencen el 5 de enero de 2018.

“Estamos en el limbo. En la empresa ya me avisaron que a más tardar el 5 de enero próximo debo presentar un nuevo permiso o carta de trabajo. El problema es que la Notificación del Registro Federal no ha sido actualizada y de eso nadie está hablando”, se lamentó.

La ausencia de esa notificación oficial debería estar publicada en el sitio web del Servicio de Inmigración. Visite: www.uscis.gov

Al ser consultado por Inmigración.com, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) informó que dicha nota oficial será publicada pronto. “Los Documentos de Autorización de Empleo (EAD) de los hondureños actualmente beneficiados con el TPS son válidos hasta el 5 de enero de 2018. La próxima Notificación del Registro Federal -la cual será publicada pronto- proveerá los detalles incluyendo los formularios requeridos, tasas, períodos de aplicación e información de la extensión automática de los EAD aplicables, e instrucciones para buscar la continuidad del TPS y el permiso de trabajo por medio del recientemente anunciado período de extensión de seis meses que se extenderá hasta el 5 de julio de 2018”. La fuente invitó a consultar el sitio web uscis.gov para obtener información oficial sobre la reinscripción.

Parte del tejido social

Así como Tania Molina, en el estado de Nueva York, hay unos 4,600 hondureños amparados por el TPS y el promedio lleva viviendo unos 22 años en este país. De acuerdo con el Center for American Progress (CAP) estos inmigrantes son parte indispensable del tejido de la sociedad y, además, se registra el nacimiento en Estados Unidos de 4.300 hijos de padres hondureños con TPS.

Según los registros hay 3.800 trabajadores hondureños con TPS en Nueva York, 21.3 % de los cuales se desempeñan en la industria de la construcción.

La eventual cancelación del TPS implicaría la pérdida de $271.2 millones, indica el análisis del CAP.

La incertidumbre tras el anuncio que hiciera la entonces secretaria en funciones del Departamento de Seguridad Interna, Elaine C. Duke, el 6 de noviembre pasado, sobre la extensión de seis meses y no de 18 meses del TPS para los hondureños -mientras se toma una decisión definitiva que podría culminar con una cancelación-, ha movilizado a los activistas hondureños y garífunas del Sur del Bronx, para tratar de ayudar a quienes como Tania, están en el limbo. Por esa razón muy pocos desean dar a conocer su opinión.

“Como las cosas no están muy claras, estamos tratando de aconsejarlos que se adelanten, que tomen las decisiones más drásticas, por ejemplo que vendan sus casas o sus negocios, nombren apoderados y custodios de sus hijos. También les hacemos ver que si se ven obligados a retornar con sus hijos deben tener ambas nacionalidades (hondureña y estadounidense)”, destacó Pablo Gómez, un activista garífuna de Hondureños contra el Sida.

Esta organización y otras se reúnen con frecuencia en Casa Yurumein para impartir talleres y consejerías legales sobre el TPS, así como para discutir los problemas políticos que enfrenta Honduras tras el impase electoral.

Inmigrantes hondureños se reúnen en Casa Yurumein para impartir y recibir información sobre las alternativas legales ante la posible cancelación del TPS y la coyuntura política de su país. /Foto cortesía Cristina David

“Hay mucha gente que tiene propiedades, parejas donde ambos tienen TPS y no tienen otra alternativa y ahora se ven en una encrucijada”, añadió Gómez, quien también ha organizado protestas por la actual coyuntura de inestabilidad política.

La oficina del congresista demócrata Joe Crowley (NY-14) también ha dado conferencias destacando las consecuencias de la posible cancelación del TPS además de los retos que representa, pero sobre todo de cómo y dónde buscar ayuda.

“En realidad lo importante es tener la asesoría de un abogado”, dice Molina. “Yo solo tengo dos opciones: una petición laboral que en mi caso es difícil porque dos personas de mi trabajo renunciaron después de obtener su ‘Green Card’; y por matrimonio”. Hasta que no haya claridad en la continuidad o cancelación del beneficio, ella afirma que no hará nada y, si le toca regresar, pues lo hará.

Por su parte, Elvia Peralta, quien manifestó tener varios familiares beneficiarios del TPS, indicó que la situación es complicada tanto en Estados Unidos como en Honduras. “Pero qué se puede hacer… las personas trabajadoras, emprendedoras donde quiera pueden vivir”, afirmó.

Incluso podría ser que los problemas políticos actuales por las elecciones presidenciales incidan en la decisión final del DHS, afirmó.

Norma Diego es otra hondureña que desde su trinchera personal apoya la labor de difundir información útil para los afectados. Dijo que espera hacer más actividades de apoyo comunitario en enero.

Datos generales de Nueva York

Fuente: Center for American Progress

 

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