Las diversas funciones de Rachel Ray, una de las abogada del Centro de Servicios Legales para Inmigrantes de la Universidad de California, van desde guiar a los estudiantes indocumentados sobre cómo renovar su permiso de DACA hasta ayudarles a enfrentarse a las preguntas de los oficiales de inmigración.
“No sé qué habría hecho sin ellos”, asegura al LA Times un alumno de UC que prefiere mantener su anonimato, “son un recurso esencial para la comunidad”. Él se preparó de antemano, gracias al apoyo de Ray, el interrogatorio al que sería sometido en la frontera de los EE.UU. tras un viaje de estudios a México. Practicó sus respuestas frente al espejo, aterrorizado de que pudiera ser devuelto, y en el momento de la verdad, consiguió superar esa prueba sin demasiada dificultad.
Como él, otros estudiantes de esta universidad aseguran que este centro, alojado en la escuela de derecho UC Davis, ha sido su “salvavidas” en diversas ocasiones. Y no es para menos, pues se trata del primer y único sistema universitario de la nación que provee asistencia legal gratuita a sus estudiantes sin estatus legal al igual que a sus familias.
“Nuestros estudiantes indocumentados son parte de nuestra comunidad universitaria, y tienen necesidades legales únicas”, reconoce la presidenta de la Universidad de California Janet Napolitano.
Ella misma fue la encargada de lanzar este proyecto en enero de 2015, en parte, gracias a su experiencia previa en la creación del programa DACA como secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos bajo la administración de Barack Obama. Napolitano asegura que la idea surgió tras conversar con numerosos estudiantes inmigrantes universitarios. De hecho, casi un tercio de los beneficiarios de DACA viven en California.
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SISTEMA EN CRECIMIENTO
Inicialmente, el centro prestó servicios jurídicos a los seis campus de la UC que no cuentan con escuelas de derecho. El año pasado, Napolitano aumentó el financiamiento a $2,5 millones en tres años, con el fin de extender este servicio a todo el sistema universitario excepto a UC Berkeley, que ayuda a los estudiantes a través de una asociación con un centro legal comunitario.
Hoy en día, el centro emplea a nueve abogados que hablan inglés, español, vietnamita, japonés, árabe, hindi, urdu y gujarati.
Los críticos incluyen a Stephen Frank, editor principal de la revista Political Review de California: “[El Centro de Servicios Legales de UC] es una operación corrupta y despreciable que proporciona asistencia a los infractores de la ley para que puedan seguir violando nuestras leyes”.
Por su parte, la abogada María Blanco considera que los servicios legales que ofrecen reflejan el compromiso de la universidad de ayudar a los estudiantes necesitados, ya sean inmigrantes, veteranos, discapacitados o víctimas de abuso sexual.