WASHINGTON, DC— Nov. 27, 2017. Activistas comunitarios instaron este lunes al Congreso a poner freno a más fondos para la “fuerza de deportación” y la continua militarización de la frontera porque, a su juicio, esas políticas sólo aumentarán la persecución de los inmigrantes.
La Cámara de Representantes ya aprobó en septiembre pasado su proyecto de ley de gastos para el año fiscal 2018 para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), y el martes 21 de noviembre, el Comité de Finanzas del Senado divulgó su propia versión, con algunas diferencias en la designación de fondos para las agencias policiales.
Ambas versiones, incluyen dinero para el muro fronterizo y vastos fondos para las redadas y deportación de inmigrantes indocumentados, pero deben ser sometidas a un proceso de negociación bicameral antes de convertirse en ley.
Por ello, durante una conferencia telefónica con periodistas, los activistas pidieron modificaciones en el proceso bicameral, al advertir de que un aumento en los fondos para las operaciones policiales del DHS producirá más redadas y más deportaciones, y “un daño catastrófico” para los inmigrantes.
Es que las acciones policiales de la Administración no están dirigidas sólo a atrapar a los “hombres malos” –como prometió el presidente Trump durante la contienda- sino también a inmigrantes sin ningún expediente criminal.
Si el Congreso da más fondos a la Oficina de Aduanas y Control de Fronteras y a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), el resultado previsible será una multiplicación en la deportación de gente inocente, dijeron.
“En vez de rechazar la agenda racista de Trump, el Senado básicamente le ha dado luz verde para aterrorizar a los inmigrantes y la comunidad en general… este incremento, año tras año, suma un daño catastrófico” para los inmigrantes, dijo Mary Small, directora de política del grupo “Detention Watch Network” (DWN), que lleva años luchando contra los centros de detención para inmigrantes.
“Los miembros del Congreso pueden y deben servir para controlar a Trump, y eso debe comenzar con el presupuesto… continuaremos presionando a los miembros del Congreso para que tomen la decisión correcta”, enfatizó Small.
Por su parte, Adrián Reyna, activista de “United We Dream”, dijo que cualquier miembro del Congreso que vote por estos fondos, agravará la “pesadilla” de los inmigrantes y será “cómplice de la agenda supremacista blanca”.
Mientras, Christian Ramírez, director de la Coalición de la Comunidad de la Frontera Sur (SBCC, por su sigla en inglés), señaló que la comunidad fronteriza, donde viven 50 millones de personas, lo que necesita es una solución a la “crisis humanitaria” y una vía hacia la legalización, no una campaña de terror y militarización de la zona.
“Hay agentes de la Patrulla Fronteriza implicados en corrupción, uso excesivo de la fuerza…. en crímenes horrendos. Es hora de ponerle freno a estos fondos sin control para esta agencia”, observó.
También el reverendo Noel Andersen, de “Church World Services”, señaló que la CBP, una de las agencias policiales más grandes del gobierno, está “plagada” de problemas de rendición de cuentas, y sin embargo recibirá un aumento de más del 10% en su presupuesto.
A su juicio, el Congreso debería destinar más recursos a programas sociales para fortalecer a las familias y comunidades, y dar soluciones permanentes al problema de la inmigración ilegal, comenzando con la aprobación del “Dream Act”.
La versión del Senado, por un total de $51.600 millones para el DHS, sólo recomienda la aprobación de $100 millones para la contratación de 500 agentes de la Oficina de Aduanas y Control de Fronteras (CBP), pero no para los mil agentes de ICE, que sí incluye la iniciativa de la Cámara Baja.
En enero pasado, Trump solicitó fondos para mil agentes de ICE como una partida inicial para un total de 15.000 agentes en ambas agencias.
También autoriza $13.500 millones para la CBP para la seguridad fronteriza, incluyendo infraestructura, personal y tecnología. Ese monto supone un incremento del 10% sobre el presupuesto del año fiscal 2017 que concluyó el pasado 31 de octubre.
Bajo la versión del Senado, ICE recibiría hasta $6.700 millones, incluyendo un incremento del 7% para las detenciones.
La medida también aparta $1.600 millones para iniciar la construcción del muro fronterizo y la instalación de demás barreras en la frontera con México, y $77 millones para las inspecciones de aduanas en los aeropuertos.
Además provee $132 millones para financiar el sistema federal de “E-Verify” para que las empresas puedan verificar el estatus migratorio de sus empleados.
El documento del Senado, sin embargo, reduce en un 27% los fondos de la Oficina del Inspector General (OIG), encargada de vigilar el buen funcionamiento del DHS.