Activistas exigen finalizar programa de colaboración con ICE

Supervisor de ICE dijo que “las prioridades del nuevo gobierno indican que todo aquel que se encuentra ilegalmente en el país ha violado nuestras leyes de inmigración y bajo esa directriz estamos haciendo cumplir la ley”

Activistas y abogados locales exigieron al alguacil Irwin Carmichael la cancelación del programa 287g en el condado Mecklenburg, en protesta el 29 de noviembre, 2017. Foto inmigración.com / Mayra Arteaga.
Mayra Arteaga / Inmigración.com

CHARLOTTE, NC.-  Portando carteles con leyendas como ‘Fuera ICE de Meckleburg’ y ‘No al 287 g’, al menos una docena de activistas y abogados se concentraron frente al edificio de la Oficina del Alguacil del Condado Mecklenburg (MCSO), Irwin Carmichael, para exigir la cancelación del programa de cooperación con las autoridades migratorias.

MCSO puso en efecto la aplicación del programa en enero pasado, lo que ha causado la detención de centenares de inmigrantes y la separación de familias, según denunciaron los manifestantes.

Según indicó Steve LaRocca, supervisor de ICE del programa en Mecklenburg, durante 2017 un total de 1.307 personas fueron procesadas a través del 287g, de las cuales 288 fueron finalmente deportadas del país.

Las reacciones no se hicieron esperar, como la de Stefanía Hall, miembro de Comunidad Colectiva, quien durante una rueda de prensa celebrada el 29 de noviembre frente a la cárcel local dijo que “el programa 287g daña a nuestras familias, rompe la confianza con las fuerzas del orden y pone a trabajar las contribuciones de los residentes de este condado en contra de los inmigrantes”.

Linda Smith, una representante de la Asociación Asiática del Sureste, dijo que la aplicación de este plan de colaboración con Inmigración afecta a inmigrantes de todas las nacionalidades y que, en particular, los refugiados asentados en Charlotte están viéndose forzados a volver a un país (Vietnam) del que salieron huyendo de la violencia y con apoyo de Estados Unidos.

Robert Alfieri y Steve LaRocca (der.), agentes de ICE, condujeron la reunión pública para exponer un informe sobre los logros y efectividad del programa 287g, según su perspectiva. Foto inmigración.com / Mayra Arteaga.`

Sin embargo, LaRocca justificó la aplicación de la 287g al señalar que “las prioridades del nuevo gobierno indican que todo aquel que se encuentra ilegalmente en el país ha violado nuestras leyes de inmigración y bajo esa directriz estamos haciendo cumplir la ley”.

A la protesta se sumaron abogados y estudiantes universitarios que aseguran haber visto un incremento en casos de detenciones injustificadas en Mecklenburg y que podrían dar paso a demandas contra MCSO o contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) poniendo en riesgo las contribuciones en impuestos de los residentes del condado.

“Ellos expusieron cuatro casos de personas que cometieron delitos de violencia doméstica y tráfico de drogas, pero nunca nos pudieron decir qué sucedió con el total de los 288 deportados, no pudieron explicar cuántos de ellos cometieron delitos graves”, dijo Stefanía Hall, quien asegura conocer a varias personas que fueron detenidas por no portar licencia o por pequeñas infracciones de tráfico.

El candidato demócrata de origen hispano al Congreso federal por Carolina del Norte, Christian Cano, se mostró decepcionado con la reunión ante la pobre justificación del programa en contra de cómo este afecta y separa familias en el condado. “Están tratando de mostrar este programa como uno de prevención del crimen, pero sus estadísticas no muestran que eso está pasando. Este es un programa de temor y no beneficia a nuestra comunidad americana”, sentenció Cano.

Exigen Acción

Oliver Merino, dirigente de Comunidad Colectiva, dijo a inmigración.com que el alguacil, Irwin Carmichael, debe entender que el 287g no es un programa que arroja resultados positivos en la comunidad y que solo está ampliando la brecha entre las autoridades y los inmigrantes.

De acuerdo con estadísticas del condado, al menos 15.349 personas han sido deportadas a través del 287g desde 2006 y “muchas de ellas por infracciones como tener una luz rota en el auto o conducir sin licencia, faltas que no son un delito criminal, señaló Merino.

El activista también destacó que tanto el Concejo de la Ciudad de Charlotte como la Junta de Comisionados del Condado Mecklenburg “tienen la responsabilidad moral de proteger a la comunidad y demandar el fin de este programa de colaboración voluntaria”.

“Si el sheriff Carmichael quiere realmente crear lazos de confianza con la comunidad debe comenzar cancelando el 287g”, sentenció Merino.

Participación ciudadana

De acuerdo con Felicia Arriaga, una estudiante de Doctorado en Sociología, la aplicación de este programa de cooperación con ICE pone en riesgo a miles de inmigrantes que no tienen una licencia de conducir válida, principal motivo para su detención y procesamiento en las cárceles que han suscrito el acuerdo con ICE.

Durante la protesta, la socióloga Felicia Arriaga dijo que el programa se presta a la aplicación del perfil racial, lo que pone en riesgo a las familias inmigrantes. Foto inmigración.com / Mayra Arteaga.

En Carolina del Norte, los condados de Mecklenburg, Gaston, Cabarrus, Henderson y Wake, que incluye a la capital del estado (Raleigh) han suscrito convenios con ICE.

Arriaga dijo seguir una investigación sobre este programa durante los últimos tres años y en ella ha encontrado que cuando la comunidad se involucra es posible conseguir la cancelación de esta cooperación voluntaria que los alguaciles deciden sostener con ICE.

Un ejemplo que destacó la joven activista fue el de la ciudad de Durham, donde las fuerzas del orden buscan firmar el acuerdo, pero la presión comunitaria y el apoyo de los oficiales electos ha conseguido hasta el momento, detener su aplicación y cancelar eventualmente los ‘retenes’ o ‘checkpoits’ de la Policía.

“Bajo presión comunitaria demostramos que los retenes eran el primer filtro para llevar inmigrantes a la cárcel y que luego eran deportados por no tener licencia de conducir o tener una luz dañada en sus autos, cosas que no son un crimen”, dijo Arriaga.

La joven también dijo haber encontrado que los oficiales electos en los condados donde opera el programa “conocen poco a casi nada” al respecto y que necesitan ser educados sobre las devastadoras consecuencias de su aplicación en sus comunidades.

En 2012, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos investigó la Oficina del condado Alamance y la obligó a cancelar el programa, luego de una serie de demandas de aplicación de perfil racial por parte de sus agentes presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles de Carolina del Norte (ACLU) y corroborada por los investigadores del poder judicial.

“No queremos que historias como esta se repitan y no sabemos si aquí en Mecklenburg se está aplicando el perfil racial porque no ha habido ninguna organización que vigile esto, y por ello es importante que la comunidad esté atenta al trabajo de las fuerzas del orden”, alertó Arriaga.