NUEVA YORK.- A pesar de los preparativos y el intenso lobby que realizó el gobierno de El Salvador para la renovación del TPS, la decisión del gobierno de Estados Unidos sigue generando reacciones.
Para Cecilia Martínez, una de las integrantes más activas del Comité Alianza Nacional Pro TPS, la noticia cayó como balde de agua fría. Ella manifestó estar devastada emocionalmente en primer lugar por todo el esfuerzo, cabildeo y movilizaciones realizadas para evitarlo y, en segundo lugar porque se siente en el limbo legal y teme por la seguridad y unión de su propia familia.
Ante la terminación del TPS -que protege a cerca de 200 mil personas- dijo que ahora la lucha se enfocará en una propuesta de ley que permita acceder a la residencia permanente. Long Island es una de las tres comunidades más grandes de salvadoreños acogidos al TPS, con un número aproximado de 20 a 25 mil, según estimaciones consulares.
Ahora que ya hay una respuesta oficial del Departamento de Seguridad Interna, los representantes de los comités de Long Island, Brentwood, Glen Cove, Hempstead y Riverhead realizarán jornadas de cabildeo en Washington los días 4, 5 y 6 febrero. El objetivo, explicó Martínez, es buscar apoyos en el Congreso para una iniciativa que garantice una vía para la legalización por medio de la residencia permanente.
“Nuestra meta es la residencia permanente, ya no más TPS. Vamos a buscar aliados para hacer esas propuestas de ley”, afirmó la activista.
Martínez emigró de El Salvador en 1998 y se ha dedicado a limpiar casas para mantener a sus hijos, que nacieron aquí en 2001 y 2006.
“Como tepesianos de algo estamos seguros: no importa la decisión que el Presidente Trump tomó. Estamos decididos y preparados para lograr un camino a la residencia permanente, redoblaremos la lucha y el esfuerzo para lograrlo. Si algo hemos aprendido es a no darnos por vencidos, por nuestros hijos y familia vamos a seguir luchando como lo hacemos a diario en nuestros trabajos. Unámonos y sigamos adelante”, dijo Jaqueline Guevara, del Comité Pro TPS/Residencia de Brentwood.
Omar Henríquez, otro activista pro inmigrantes, dijo que como salvadoreño-americano está decepcionado con la resolución migratoria que pone en el limbo a miles de compatriotas. “Me siento como que esta no es América, porque éste es un país de inmigrantes”.
El Cónsul salvadoreño en Long Island, Miguel Alas, se apega al discurso oficial de su gobierno en el sentido de reconocer que la resolución del DHS garantiza -al menos- una última renovación de 18 meses del TPS y cuando eso termine habrá un período de gracia en el cual los beneficiarios podrían hacer los arreglos necesarios en caso de tener que retornar.
“Es importante hacer entender a la comunidad que esto no significa que deben salir de inmediato, por eso hago un llamado a la cordura para evitar malas interpretaciones”, afirmó el cónsul.
Anunció que el Ministerio de Relaciones Exteriores pondrá en marcha la tercera fase de cabildeo en el Congreso estadounidense para establecer alianzas y apoyos necesarios para lograr una reforma que evite la deportación de cientos de miles de salvadoreños con un modelo similar a la Ley NACARA que favoreció a los nicaragüenses.
“La Alianza Nacional por el TPS intensificará el cabildeo a nivel federal, local y estatal”, reiteró el cónsul. Es interesante la preponderancia del rol comunitario… y aquí se hace un llamado a todos los ‘tepesianos’: en Estados Unidos así se hacen las cosas. Una respuesta no favorable no significa que todo terminó sino que hay que movilizarse para participar y lograr cambios”.