Un juez en Estados Unidos bloqueó temporalmente la decisión de Trump de poner fin a programa que ampara a jóvenes de la deportación.
Trump decidió en septiembre que el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) deberá expirar a principios de marzo.
El juez de distrito William Alsup decidió el martes en San Francisco que el programa siga en vigor mientras se desarrolla el litigio sobre la decisión de Trump.
La orden indica que el gobierno federal debe mantener el programa en los mismos términos que estaba en vigencia antes de que fuera cancelado el pasado mes de septiembre por el gobierno de Trump.
Alsup dictaminó que el programa debe continuar vigente mientras sigue la revisión de una demanda presenta en noviembre del año pasado, entre otros, por la Universidad de California, la ciudad de San José y el condado de Santa Clara, en California, y los estados de Maine, Minnesota y Maryland.
El demandante principal es California donde viven más de 200,000 dreamers.
El juez determinó que la cancelación de DACA fue una medida “arbitraria y caprichosa”.
La orden pide “mantener el programa DACA a nivel nacional” para sus beneficiarios, con la excepción de aquellos que presentaron aplicaciones nuevas, pero que nunca habían recibido el beneficio.
Sin embargo, la orden no le impide a las autoridades migratorias deportar a aquellos beneficiados que representan una amenaza para la seguridad nacional.
Justo hoy el presidente, Donald Trump, abrió hoy la puerta a negociar una reforma migratoria que afronte la situación de los 11 millones de indocumentados en el país, siempre que primero se apruebe una solución para los llamados “soñadores” y otras medidas, como la concesión de fondos para el muro con México.
En una reunión con legisladores en la Casa Blanca que los medios de comunicación pudieron observar durante casi una hora, Trump respaldó una reforma migratoria en dos fases, con una primera ley centrada en cuatro prioridades suyas y una segunda, más amplia, destinada a arreglar otros problemas del sistema de inmigración.
“La (reforma migratoria) integral será la fase dos. Aprobaremos esto y después nos meteremos con la (reforma) integral al día siguiente”, afirmó Trump.
“Yo asumo la carga (política), no me importa”, añadió.
Trump respondió así a un envite que le hizo el senador republicano Lindsey Graham, quien le pidió aprovechar la “oportunidad” de ir más allá de la solución para los miles de jóvenes indocumentados apodados “soñadores” y abrir una vía a la ciudadanía para todos los que se encuentran ilegalmente en el país.
Pero Trump no aclaró si apoya una vía a la ciudadanía para esos 11 millones de indocumentados, algo que podría suponerle un problema con su base electoral, que aplaudió su discurso antiinmigrante en la campaña electoral de 2016 y considera que regularizar la situación de esos inmigrantes sería una “amnistía”.
La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, evitó arrojar luz sobre la postura de Trump durante su conferencia de prensa diaria, al asegurar que ese tema no se está negociando aún y que ya habrá “anuncios” al respecto cuando llegue el momento.
Según Sanders, en la reunión de hoy, a la que asistieron unos 25 legisladores de ambos partidos, se alcanzó “un acuerdo para negociar legislación” que supondría la primera fase de la reforma migratoria.
Ese primer proyecto de ley se centraría en cuatro áreas: un reemplazo al programa DACA para los “soñadores”, medidas de “seguridad fronteriza”, afrontar la “migración en cadena” que permite a ciertos inmigrantes facilitar la entrada en EEUU de sus familiares, y acabar con la “lotería de visados”, indicó Sanders.
Trump anunció en septiembre pasado el fin del programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) promulgado por Barack Obama en 2012, que protegía de la deportación a unos 690,000 jóvenes que llegaron al país de niños, conocidos como “soñadores”.
Los permisos que amparaban a muchos de esos jóvenes han ido caducando desde septiembre, y el resto de ellos quedarán expuestos a la deportación si el Congreso no aprueba una solución permanente que reemplace DACA antes del 5 de marzo, la fecha límite que dio Trump al cancelar el programa de Obama.
La oposición demócrata quiere aprobar cuanto antes una ley que proteja de la deportación a los “soñadores”, y ha vinculado ese tema a las negociaciones para aprobar un presupuesto para el Gobierno federal, que deben concluir antes del 19 de enero.
Pero Trump ha condicionado cualquier reemplazo de DACA a una serie de exigencias, entre ellas la aprobación de fondos para el muro en la frontera con México y la eliminación de la llamada “lotería de visados” que beneficia anualmente a ciudadanos de países con una baja tasa de inmigrantes a Estados Unidos.
Trump insistió hoy en que la medida sobre DACA debe incluir “seguridad fronteriza”, y que para él, eso es sinónimo de fondos para la construcción del muro con México, para el que la Casa Blanca ya ha exigido 18.000 millones de dólares a lo largo de una década.
“Me encantaría no construir el muro, pero necesitamos el muro”, indicó el presidente.
Eso dificulta la negociación, ya que financiar el muro es inaceptable para la oposición demócrata, que hoy dejó claro que su único objetivo sigue siendo reemplazar DACA.
“(En la reunión) los republicanos expusieron sus cuatro prioridades (las mencionadas por Sanders) y los demócratas identificamos la nuestra: el Dream Act”, un proyecto de ley que regularizaría la situación de los “soñadores”, dijo en un comunicado el senador demócrata Dick Durbin, que asistió a la cita.
Durbin dijo que es necesario alcanzar un acuerdo antes del 19 de enero, aunque la Casa Blanca no ha querido comprometerse con ningún plazo concreto para la negociación.
El inédito acceso que los medios de comunicación tuvieron a la negociación entre Trump y los legisladores, de casi una hora, forma parte, según varios medios, de una estrategia de la Casa Blanca para aparcar las especulaciones sobre la estabilidad mental del presidente.