El caso de la mexicana Guadalupe García de Rayos, deportada esta semana por usar un número de Seguro Social falso para trabajar en Estados Unidos, revela el riesgo que corren los indocumentados al pasar de ser considerado delito menor a criminal con el nuevo gobierno, alertó un especialista.
Daniel Rodríguez, abogado en Ley de Inmigración y Derecho a la Familia en Arizona, dijo a Efe que durante décadas ha sido una acción muy común entre indocumentados el usar números de otras personas o inventar números falsos.
“Anteriormente solo se catalogaba como un delito civil, pero con Trump subieron de categorías y ahora se cataloga como un delito criminal que puede ser clasificado como robo de identidad, como fue el caso reciente de Lupita (Guadalupe García de Rayos), la madre deportada”, detalló.
García de Rayos, de 35 años y que vivió en EE.UU. durante más de 20 años, fue arrestada en 2008 en una redada dirigida por el exalguacil del condado de Maricopa, Joe Arpaio, en un negocio donde predominaban los inmigrantes.
Fue acusada de utilizar un número de Seguro Social que pertenecía a otra persona para obtener un trabajo en el parque de diversiones Waterworld, en Glendale, un suburbio de Phoenix.
Durante años, la mexicana acudió las audiencias con las autoridades del ICE después de ser condenada a un proceso de deportación por suplantación de identidad, donde se le otorgó clemencia.
Pero el este miércoles todo fue diferente, y lo que pensó que era una revisión de rutina acabó con una aparatosa deportación que concluyó en Nogales, en el mexicano estado de Sonora.
“Tristemente seguirán usando los documentos falsos por la necesidad de sobrevivir, pueden pensar que no les afecta en un proceso migratorio, ya que antes se podía conseguir un perdón. Pero ahora con la ley que criminaliza esa acción todo cambia y ya no hablamos de usar documentos falsos, sino cargos criminales que sí afectan y mucho”, comentó Rodríguez.
Laura, quien emigró a Phoenix hace más de 20 años, compró un número de Seguro Social falso para poder trabajar.
“En ese tiempo pague 30 dólares por el documento. Me dieron una identificación de California y la residencia que en ese entonces era verde, conocida como ‘green card’, se veía rebonita. Pero luego, cuando empezaron a revisar los papeles me salí de trabajar”, comentó a Efe Laura, madre de cuatro hijos.
Mencionó que es una práctica muy común que se presten los seguros de otras personas entre trabajadores indocumentados, o que sean rentados.
“Las empresas se hacen como las que no se dan cuenta, pero claro que saben que son falsos o prestados, pero necesitan quien les haga el trabajo. Yo ahora trabajo donde me paguen en efectivo, para no tener problemas”, comentó.
El abogado lamentó que la ley no sea tan dura con los empleadores de indocumentados y consideró que esto se debe a que el Gobierno sabe que estos inmigrantes tienen un gran peso en la economía local de muchas zonas del país.
“Se les imputan multas a las empresas, pero por eso surgieron las amnistías en 1986 (donde se legalizó las permanencias de 2,7 millones de indocumentados, la mayoría mexicanos), porque sabían que la economía no se podía sostener sin los inmigrantes, por eso las leyes no se van contra los empleadores, sino contra los más vulnerables, que son los trabajadores”, explicó Rodríguez.
Mencionó que los que prestan el número de Seguro Social también pueden tener problemas, ya que están incurriendo en complicidad por fraude y robo de identidad.
“Deben de tener mucho cuidado, especialmente bajo la Presidencia de Trump, quien amplia la criminalización a las personas que ayudan a la comunidad de indocumentados, y te pueden clasificar que asistes al tráfico ilegal”, dijo.
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