Son las siete de la mañana del 24 de agosto de 2010 y después de recorrer 22 kilómetros, un ecuatoriano sangrando y mal herido llega hasta un retén del ejército en la carretera 101 de Tamaulipas, en la frontera entre México y Estados Unidos. Se arrastra hasta el primer soldado que encuentra y dice: “Soy Luis Freddy Lala Pomavilla, de 18 años, inmigrante ecuatoriano rumbo a los Estados Unidos. Hombres armados nos secuestraron. Los mataron a todos”.
Antes de desfallecer en un hospital, el ecuatoriano acompañó a los soldados hasta un rancho abandonado en el municipio de San Fernando, donde localizaron el horror: 72 migrantes tirados en el suelo y asesinados a bocajarro -58 hombres y 14 mujeres- la mayoría centroamericanos pero también ecuatorianos, brasileños y un indio- vestidos con gorras de beisbol y ropa desgastada, yacían formados en fila maniatados. Estaban ensangrentados y golpeados con un nivel de saña similar a la ejercida por el ISIS, recapitula el diario EL PAÍS en su edición digital de hoy sobre esta masacre que estremeció al mundo. Sin embargo, siete años después, no hay ni un sólo condenado.
La bestialidad de la matanza y la tranquilidad con la que se ejecutó dejó estupefacta la región y una expresión corrió de boca en boca y de albergue en albergue entre los migrantes de toda la región: “México está cabrón”.
Los veteranos de la ruta, desde sacerdotes a organizaciones no gubernamentales lo habían advertido hace tiempo: México es una gigantesca fosa común para los migrantes centroamericanos que atraviesan el país en dirección a Estados Unidos.
Pero la matanza incluía otro dato: el secuestro de migrantes era un nuevo rubro en el negocio del ‘narco’. Entre todos aquellos cadáveres estaban los de los guatemaltecos Efraín y sus hijos Richard y Nancy García, de 25 y 22 años.
“La situación sigue igual de mal para los migrantes” explica Glena García, la tercera hermana que decidió no viajar con ellos. Dos meses después le entregaron varios ataúdes que nunca pudo abrir y ni siquiera tiene certeza de que, quienes están enterrados en su pueblo de Escuintla sean su padre y sus hermanos.
Glena se queja de un Estado que no los protegió en el camino pero también de la desidiosa investigación posterior. Siete años después no hay ni un solo condenado y la policía municipal, elemento central en la violencia del crimen organizado, han quedado al margen de la investigación. “Es un desprecio permanente a las víctimas. Nos ven como enemigos y ni siquiera sabemos a quién estamos velando”, explica a EL PAÍS.
Las investigaciones atribuyen a Los Zetas la masacre. Por aquel entonces el joven cartel, separado del Cartel del Golfo, controlaba desde Tamaulipas a Guatemala y su presentación en sociedad era sembrar el terror a base de matanzas. Con el paso de los meses se supo que la de San Fernando no fue una masacre aislada, sino el episodio más conocido de una larga lista de desapariciones que hoy continúan. En los ocho meses posteriores se descubrieron 196 cadáveres más enterrados en 47 fosas clandestinas solo en ese municipio de Tamaulipas.
Derechos Humanos pide justicia
De otra parte, el portal de Aristegui Noticias, señala que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) exigió la reparación integral del daño a los familiares de las víctimas de la masacre de San Fernando.
“El caso de San Fernando fue un parteaguas en la historia de la migración en tránsito ya que da cuenta del contexto de violencia sistemática e impunidad a la que se enfrentan las personas migrantes en su tránsito por México, convirtiéndose en cifras y casos olvidados”, afirmó la CDHDF en un comunicado difundido este lunes.
La Comisión pidió a las autoridades correspondientes a garantizar el acceso a la justicia de las víctimas y recordó que en 2011 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al Estado mexicano a maximizar sus esfuerzos para evitar que se repitan crímenes como el de San Fernando, a determinar la identidad de las víctimas y a investigar, juzgar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales, ya sea que se trate de delincuencia organizada o de agentes del Estado en colusión con ésta.
La CDHDF dijo que el Estado mexicano debe reconocer las omisiones y faltas cometidas durante la investigación y la repatriación de los cuerpos, como entrega incorrecta de cuerpos, inconsistencia de los hechos en las versiones oficiales, vacíos judiciales, procedimientos forenses inadecuados, entre otras.