Presentan demanda para bloquear propuesta contra ciudades santuario

La demanda se presentó en la Primera Corte de Distrito en Carson City en el último día en el que el grupo era elegible para hacerlo. De acuerdo con la ley de Nevada, cualquier grupo que busque impugnar la “descripción de efecto” para una propuesta de boleta electoral necesita presentar su contención dentro de los 15 días hábiles en que se haya sometido la medida ante la Secretaría del Estado

Un grupo de jóvenes protesta contra las medidas que reprimen a las llamadas "ciudades santuario". Foto EFE/Archivo
The Nevada Independent / Michelle Rindells y Megan Messerly

Esta nota fue traducida al español y editada para mayor claridad a partir de una versión en inglés, que aparece en la página de The Nevada Independent.

CARSON CITY, NV.-  La Unión Americana de Libertades Civiles de Nevada (American Civil Liberties Union, ACLU por sus siglas en inglés) presentó una demanda el pasado martes en contra de una propuesta para incluir en la boleta electoral del estado una iniciativa para hacer inconstitucionales las “ciudades santuario”, argumentando que el lenguaje es engañoso tanto en la propuesta de enmienda como en el de una petición que los patrocinadores de la medida están haciendo circular.

La demanda se presentó en la Primera Corte de Distrito en Carson City en el último día en el que el grupo era elegible para hacerlo. De acuerdo con la ley de Nevada, cualquier grupo que busque impugnar la “descripción de efecto” para una propuesta de boleta electoral necesita presentar su contención dentro de los 15 días hábiles en que se haya sometido la medida ante la Secretaría del Estado.

“Esta iniciativa expansiva, si se aprueba, debilitaría significativamente la seguridad pública y el bienestar de la gente de Nevada”, dijo Marc Elias, conocido abogado Demócrata quien trabajó para Hillary Clinton y también está ayudando al Partido Demócrata Estatal de Nevada a luchar contra los esfuerzos para destituir de su cargo a tres senadoras estatales. “Entre sus muchos defectos, no describe suficientemente el efecto que tendría en las personas en el estado, ignorando deliberadamente el frío impacto en la comunidad inmigrante en términos de participación en actividades y programas patrocinados por el gobierno y los costos financieros en los que incurriría el estado en la implementación de la iniciativa”.

Los demandantes, que incluyen a un líder con una organización sin fines de lucro que ayuda a inmigrantes que son víctimas de crimen, argumentaron que la medida en general desalentará a las comunidades de inmigrantes de ayudar a las fuerzas del orden público con investigaciones. También dijeron que el término “ciudad santuario”, que se usa en el título de “Prevenir la Iniciativa de Ciudades Santuario”, es peyorativo y no tiene una definición legal.

Un asistente del Líder Republicano de la Minoría en el Senado estatal y figura prominente en la campaña de la boleta de ciudades santuario, Michael Roberson, no respondió inmediatamente a una solicitud de entrevista.

El lenguaje que se cuestiona es el texto que los votantes reciben cuando se les muestra una petición para firmar. La petición necesita 112,544 firmas válidas para que la medida de las ciudades santuario califique para la votación y necesitaría ser aprobada dos veces por los votantes, una en el 2018 y otra en el 2020, para que el cambio proceda en la Constitución del estado.

“Si pasa, esta medida agregará una nueva sección a la Constitución de Nevada que prohibirá a la Legislatura, a un condado o una ciudad promulgar una ley u ordenanza, o adoptar, hacer cumplir o respaldar una política que prohíbe, limita o desalienta la cooperación con la aplicación de las leyes de inmigración de los Estados Unidos”, establece la descripción de efecto.

La demanda dice que el lenguaje debe ser nulificado porque viola la regla de un solo asunto para las peticiones por ser excesivamente amplio y no explica completamente las ramificaciones financieras y de seguridad pública de la medida. También argumenta que, en violación de los requisitos de petición del estado, no establece una política legislativa, sino que es de naturaleza “ejecutiva o administrativa” porque implica la aplicación de la ley de inmigración previamente promulgada.

La propuesta de enmienda constitucional se archivó en la oficina de la secretaria del estado en octubre. Roberson, quien se desempeña como presidente honorario del comité de iniciativa electoral, prometió introducir dicha medida durante la sesión legislativa a principios de este año.

Roberson se opuso firmemente a los esfuerzos apoyados por los demócratas para promulgar algún tipo de política durante la sesión legislativa del 2017 que limitaría el papel de la policía local en las actividades federales de inmigración. Se refirió a un proyecto de ley que habría impedido que las agencias de aplicación de la ley estatales y locales participaran en la aplicación federal de inmigración sin una orden judicial como “la legislación irresponsable más imprudente” que había presenciado durante su tiempo en la Legislatura.

La legislación nunca avanzó a pesar de los intentos de su autora, la Senadora Demócrata Yvanna Cancela, de llegar a un compromiso con las autoridades policiacas que les hubiera permitido continuar haciendo su trabajo y al mismo tiempo agregar un mínimo de protección a los inmigrantes en la comunidad. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley también expresaron su preocupación de que cualquier tipo de legislación que pudiera considerarse como “santuario” pondría en peligro la financiación que reciben del gobierno federal.

La propuesta de ley se quedó estancada después de la fecha límite del primer comité en marzo después de que el Líder de la Mayoría del Senado, Aaron Ford, quitara de la agenda la audiencia para este proyecto, diciendo que la legislación no estaba listo para una audiencia, misma que nunca se llevó a cabo.

Mike Haley, Ex Alguacil del Condado Washoe, quien también es uno de los demandantes, dijo que permitir el avance de la medida obstaculizaría la aplicación de la ley.

“Sabemos que persuadir a la policía local para que refuerce leyes federales de inmigración de hecho es perjudicial para la seguridad pública”, dijo Haley en un comunicado. “Es menos probable que la policía reciba información valiosa o pistas por parte de las comunidades que están aterrorizadas de enfrentar una posible deportación. Tiene el potencial de aumentar el crimen y dañar a toda la comunidad”.

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