SAN DIEGO, CALIFORNIA.- Las mayores organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes en el condado de San Diego lanzaron el 19 de diciembre un proyecto de apoyo comunitario ante lo que llamaron “actividades de inmigración inhumanas que incluyen retenes, redadas, arrestos y acoso” en aumento desde que el presidente Donald Trump llegó a la Casa Blanca.
La abogada Linda Feldman, de la oficina de Servicios Legales Familiares Judíos, dijo que se trata de “una línea de ayuda telefónica abierta las 24 horas del día para reportar todo tipo de acoso, abuso migratorio, redadas, arrestos o interacción con autoridades de migración”.
Explicó que los voluntarios que atienden el número telefónico 619 536 0823 se coordinan con abogados y organizaciones para decidir rápidamente si la persona que llama necesita de un consejo, de una orientación, acercarse a alguna agrupación o si se envía a un representante legal para ayudarle.
“Este año fiscal se ha visto un aumento de 25 por ciento en actividad de la migra en San Diego, comparativamente con el año fiscal anterior”, aseguró Feldman.
El lanzamiento del programa se llevó a cabo en el auditorio de la Parroquia de San Judas Tadeo, una iglesia con mayoría de feligreses latinos inmigrantes en el sur de San Diego donde se reúnen diariamente con migrantes religiosas de la orden de la Madre Teresa de Calcuta.
La coalición de la Red de Respuesta Rápida de San Diego incluye, entre otras organizaciones, a la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), el Comité de Servicios Amigos Americanos, el Centro de Derechos de los Empleados, Servicios Legales Familiares Judíos, el Proyecto de Organización de San Diego, iglesias católicas, universalistas, metodistas y organizaciones de barrios y vecindarios.
Al iniciar actividades, la coalición había entrenado a más de 150 voluntarios que atenderán las llamadas por turnos, dijo Alor Calderón, un coordinador del Centro de Derechos de los Empleados.
Los entrenamientos iniciaron desde febrero, confirmó la directora de la ACLU en la frontera de California con México, Norma Chávez.
En la presentación se ofrecieron al público tres testimonios. Uno de ellos fue de la señora Isabel Solís, quien narró que su hermana menor María “estaba embarazada y estuvo detenida en Otay seis semanas sin atención médica y la forzaron a hacer trabajos”. María también es madre de tres menores que quedaron solos cuando ella fue detenida.
‘Como muchas mujeres, mi hermana carece de récord criminal, su única falta es estar aquí sin documentos”, dijo Solís. “Si no fuera por el apoyo de organizaciones como la ACLU, ese tipo de abusos quedaría sin ser cuestionado”.
Tras la liberación de María Solís, la ACLU presentó una demanda federal a nombre de seis mujeres que enfrentaban condiciones similares. El caso sigue abierto en una corte.
Todos los servicios que ofrece la línea de la Red de Respuesta Rápida son gratuitos y su consigna es que “nadie debe estar solo en nuestra comunidad”.
Este es el tercer proyecto similar en las mayores ciudades de California. Otras redes operan en San Francisco y Los Ángeles.
Para confirmar el funcionamiento de la red, Inmigración.com llamó la mañana del miércoles 20 y fue Alor Calderón quien respondió la llamada.
Informó que tan solo en las primeras horas de operaciones la Red ha recibido más de 50 llamadas, la mayoría de personas que querían conocer más del servicio, pero “también algunas de fuera del estado, en particular dos llamadas con códigos de área de Texas, para criticar el servicio porque les parece que presuntamente estamos apoyando la inmigración indocumentada”, informó el organizador.