WASHINGTON.- Sin visos de un consenso, líderes del Congreso reactivaron este martes el debate sobre una reforma del programa de “trabajadores huéspedes” para el sector agrícola, que desde hace años adolece de una crónica escasez de mano de obra en los campos, fincas, y corrales en todo el país.
Si en algo coinciden demócratas y republicanos es en que el programa de visas “H-2A” para trabajadores agrícolas es obsoleto, costoso, lleno de trabas burocráticas, encarece los alimentos y, sobre todo, no responde a las necesidades laborales del sector.
Sin embargo, no hay consenso sobre cómo corregirlo: por un lado, los demócratas promueven propuestas en ambas cámaras del Congreso para la eventual legalización de los trabajadores agrícolas mientras que, por otro, los conservadores apoyan modernizar el programa pero sin una legalización permanente.
Los trabajadores temporales no sólo benefician a las compañías que los contratan sino que también contribuyen a la economía local al generar demanda por servicios como lavanderías, cajas de ahorro, supermercados, gasolineras y demás negocios.
Piden legalización
En víspera de una audiencia legislativa sobre el asunto, el legislador demócrata por Illinois, Luis Gutiérrez, dijo que la medida que sopesan los conservadores no resuelve el problema porque, a su juicio, trata a los migrantes como trabajadores “desechables”.
“La propuesta republicana… es invitar a los trabajadores, someterlos a sus empleadores y cuando terminan tienen que irse o ser deportados. Se apoya en el viejo modelo de trabajadores huéspedes que no le ha funcionado bien a los empleadores y tampoco especialmente a los trabajadores”, argumentó Gutiérrez.
“La opción para EEUU es si queremos que nuestros alimentos sean cultivados y cosechados bajo nuestras leyes a favor de la seguridad laboral y alimentaria” o en otro país, agregó Gutiérrez, acompañado de otros líderes demócratas, sindicalistas y activistas de la comunidad inmigrante.
Una medida que Gutiérrez presentó el pasado 25 de mayo, la “H.R. 2690”, establece una “tarjeta azul” que ofrece la legalización y un permiso laboral para los trabajadores agrícolas y sus familias, siempre que demuestren que han trabajado en el sector en los últimos dos años, pagan una multa y se someten a una revisión de antecedentes.
Esa legislación ya tiene 50 copatrocinadores y, de aprobarse, provee un proceso de entre tres y cinco años hacia la ciudadanía para quienes permanecen en el sector durante un tiempo determinado.
Una legislación similar, la “S1034”, fue presentada por la senadora demócrata de California, Dianne Feinstein.
Opciones conservadoras
Mientras, el subcomité de Inmigración y Seguridad Fronteriza de la Cámara de Representantes realizará mañana una audiencia para evaluar propuestas conservadoras para reformar el sistema actual.
El presidente del Comité Judicial de la Cámara Baja, el republicano Bob Goodlatte, dijo que “ya es hora” de reemplazarlo con un programa confiable, eficiente y justo, que dé a los agricultores “acceso a un suministro legal y estable de trabajadores, tanto a corto y largo plazo, y para trabajo temporal o durante todo el año”.
Su oficina señaló que debido al complejo proceso de certificación laboral, trabas burocráticas y demás regulaciones, los empleadores afrontan casi siempre una desventaja económica, al tener que pagar salarios “inflados artificialmente”.
Goodlatte aseguró que pronto presentará una legislación “que reemplace el maltrecho programa H-2A, pero no ofreció más detalles.
“¿Importar alimentos o trabajadores?”
La empresaria Sarah Frey emplea a unos 250 trabajadores con visas “H-2A” en sus múltiples granjas, y conoce de primera mano todo lo que implica el trabajo agrícola, desde el cultivo hasta el transporte, distribución y venta de sus productos.
En entrevista telefónica con este diario, Frey, presidenta de Frey Farms, dijo hoy que mañana llevará ante el subcomité un simple pedido: “hagan algo, pero ya, porque la inacción no es una opción, el sistema actual es costoso y ineficaz, y EEUU está perdiendo su ventaja comparativa”.
Sus campos, dijo, dependen de la mano de obra migrante, principalmente de México, para la cosecha de melones, maíz, calabazas y sandías, con las que produce la famosa marca “Tsamma Watermelon Juice”.
“Llevamos años arrastrando esta escasez de trabajadores, y creo que la situación es muy clara si el Congreso no resuelve el problema: o importamos alimentos, o importamos trabajadores”, afirmó Frey, quien de joven trabajó los campos en Illinois, y ahora opera numerosas granjas en ese estado y en otros, como Florida, Georgia, Missouri, Kansas, Indiana y Virginia Occidental.
Además de Frey, la audiencia contará con el testimonio de otro empresario agrícola, del legislador republicano por el distrito 21 de California, David Valadao, y de un líder del sindicato “United Farm Workers” (UFW).
Grandes repercusiones
De la solución que ofrezca el Congreso dependen empresas y centenares de miles de trabajadores en estados como California, Texas, Illinois, Arizona, Washington, Carolina del Norte, Florida y Georgia.
De hecho, el programa “H-2A” ha registrado su más rápido crecimiento en California, donde el número de empleos “certificados” por el gobierno aumentó de 2,600 en 2006 a más de 11,000 en 2016, y para este año la cifra podría superar los 20,000 en California y Washington, cada uno, según datos del Instituto de Política Económica (EPI).
Tan solo Arizona tiene más de 10,000 operaciones agrícolas que, en su conjunto, producen el 90% de la lechuga y verduras de hoja que se consume en EEUU, pero la escasez de mano de obra los obliga a reducir su productividad.
Las empresas agrícolas en Carolina del Norte, que conforman un bloque de $84,000 millones al año, dependen de entre 80,000 y 150, 000 trabajadores, casi todos de América Latina, y casi la mitad “sin papeles”, según datos oficiales.
En 2016, EEUU otorgó 165,741 visas temporales “H-2A”, un incremento del 14% sobre 2015. Normalmente son emitidas por un máximo de diez meses pero, según observadores, aún esa cifra es insuficiente para la enorme demanda laboral en el sector.
Tan grave es la escasez –los estadounidenses, en general, rechazan la dura labor de trabajar la tierra- que, según la “American Farm Bureau Federation”, siete de cada diez trabajadores agrícolas a nivel nacional no tienen “papeles”.
Según el sindicato UFW, el pago promedio nacional para trabajadores agrícolas es de $10,50 la hora. Pero, según observadores, aún si los salarios fuesen más altos, los negocios siguen dependiendo de los extranjeros.
Mensaje “mixto” de Trump
El presidente Donald Trump, que ganó la elección en 2016 con promesas de suprimir la inmigración ilegal, ha mandado señales mixtas sobre el tema. En abril pasado, realizó una mesa redonda con ejecutivos del sector, y también firmó una orden ejecutiva para que un grupo de trabajo eventualmente emita recomendaciones sobre asuntos agrícolas.
Aunque ha pedido eliminar trabas que perjudiquen a los agricultores y comunidades rurales, también ha defendido la construcción de un muro fronterizo para evitar el ingreso de inmigrantes indocumentados, muchos de los cuales terminan en los campos de EEUU.
El secretario de Agricultura, Sonny Perdue, ha reconocido que los trabajadores agrícolas migrantes están “contribuyendo a la economía de EEUU”, pero se desconoce qué consejos ha dado entre bambalinas a Trump para resolver la escasez de mano de obra.