EDITORIAL – Las redadas de ICE, una crónica anunciada

Varios casos en los que se reportan abusos de oficiales de ICE que antes no eran comunes, como maltratar a detenidos y entrar a propiedades privadas, dejan claro que la orden del gobierno de deportar a cerca de medio millón de indocumentados para el 2019, va en serio cueste lo que cueste

Inmigración.com / Editorial

“Trabajaremos en forma distinta. Habrá más redadas en centros de trabajo, en las cortes y escuelas”. Esta frase pronunciada por el director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE, Thomas Homan, durante un discurso el 17 de octubre de 2017 al anunciar que su agencia potenciará “la aplicación de la ley en lugares de trabajo”, por medio de arrestos a migrantes y medidas contra los empleadores que los contraten, anunciaba lo que iba a suceder.

“He revisado recientemente cuánto tiempo dedican los investigadores de seguridad nacional a la aplicación de la ley en lugares de trabajo, y ya he dado instrucciones de que quiero multiplicar ese tiempo por 4 o 5” aseveró Homan.

Para que no quedara duda, aseguró que “este año (2017) hemos incrementado el número de inspecciones y operaciones en lugares de trabajo, pero van a ver cómo eso aumenta significativamente el próximo año”.

Para el 2019, el gobierno del presidente Donald Trump tiene proyectado detener a 450.000 indocumentados para su deportación.

Con este palmarés Homan anunció recientemente su retiro después de 34 años de servicio al gobierno y un año como director interino de ICE.

Aunque los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) pueden realizar operativos en cualquier parte del país, salvo los espacios que la misma agencia impide (hospitales e iglesias, por ejemplo), los oficiales no pueden ingresar a una propiedad privada sin una orden judicial.

Sin embargo, lo han hecho y activistas temen que los operativos en granjas estadounidenses, donde trabaja un alto número de inmigrantes indocumentados, se realicen sin una orden judicial, como corresponde.

Así ocurrió en Roma, Nueva York, donde el granjero John Collins acusó a oficiales de ICE de ingresar indebidamente a su propiedad con el propósito de detener violentamente a uno de sus empleados.

También ocurrió en un sitio de construcción en Hampton, Highland Apartments, casi en el límite con Illioins, donde ICE buscaba a un hombre y terminó capturando a ocho que disfrutaban el almuerzo, según publicó el The Times of Northwest Indiana.

En Las Vegas, Cecilia Gómez, madre de dos adolescentes, fue sorprendida en las propias oficinas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración, USCIS, cuando llegó a una cita concertada para recibir su tarjeta de residente permanente y en su lugar fue esposada por agentes de ICE, que ya la esperaban, y conducida hacia el centro de detención de Henderson, Nevada.

Narró que luego fue llevada a Denver, Colorado; Nogales, Arizona; y El Paso, Texas para terminar en el temido centro de detención Eloy en Arizona, desde donde iba a ser deportada a México. Gómez sostuvo que fue presionada y halada con violencia de su brazo por un oficial de ICE luego que se negara a firmar un documento sin que ella tuviera la oportunidad de leer y entender su contenido.

Gómez había sido víctima, hace cerca de 18 años, de una notaria que la estafó haciéndole creer que su documentación migratoria estaba en trámite. En realidad tenía una orden de deportación de la cual afirma nunca se enteró.

En febrero, Jordon Dyrdahl-Roberts trabajaba como secretario jurídico del Departamento de Trabajo en el estado de Montana. Un día, su patrón le pidió recabar datos acerca de los trabajadores sin documentos para ser entregados a ICE.

La conciencia le dictó a Jordan no hacer lo que le pedía su jefe y decidió renunciar antes de entregar a sus compañeros de trabajo.

Edwin González, de 38 años, fue arrestado el 13 de abril por agentes del Departamento de Policía de Houston porque llevaba en sus piernas a su hijo de tres años en el asiento de pasajero delantero y sin cinturón de seguridad.

Posteriormente, el hondureño fue entregado a ICE. Quien iba manejando la camioneta era su esposa, una ciudadana estadounidense.

Carlos Gurdiel, de 30 años, padre de 5 niños, fue deportado a Guatemala el 11 de abril después de permanecer arrestado cuatro meses en Houston.

Marcela Rivera, su esposa, dijo que Carlos la llamó para decirle que había sido arrestado en el estacionamiento del complejo donde vivían, cuando iba a trabajar.

Le pidieron una identificación, le preguntaron si tenía un permiso de trabajo, él contestó que no, lo esposaron y se lo llevaron.

Otro caso, que recibió amplia cobertura en los medios, fue el de un padre de familia que fue arrestado en California cuando dejaba a una de sus hijas en la escuela.

Agentes de ICE, sacaron del vehículo a Rómulo Avelica-González, proveniente de México, a menos de un kilómetro de la escuela donde cada mañana acompañaba a su hija.

Y estos casos seguirán sucediendo mientras el temor de la comunidad sigue creciendo.