EDITORIAL – Inmigración legal en la mira del gobierno

La administración del presidente Trump no pierde el tiempo en interponer mayores dificultades a los inmigrantes, esta vez a quienes quieran obtener la ciudadanía o la residencia permanente

Inmigración.com / Editorial

Las noticias vuelan en materia de inmigración y quizás muchos hayan pasado inadvertida, por lo insólita, la información de la Casa Blanca según la cual los inmigrantes legales que quieran dar el paso a la ciudadanía o aquellos que quieran obtener la residencia permanente, enfrentarían una serie de obstáculos por haber utilizado programas de asistencia social creados y regulados por el gobierno para ayudar a los menos favorecidos.

Ese es el objetivo pensado y diseñado por Stephen Miller, uno de los asesores principales del presidente Donald Trump. Su propuesta consiste en un plan para limitar la inmigración legal con obstáculos como hacer más difícil la obtención de un permiso de trabajo o lograr el estatus de ciudadano estadounidense a aquellos inmigrantes que hayan hecho uso de programas de asistencia social incluidos algunos cuidados de salud, por ejemplo para personas con discapacidad.

La abogada de inmigración Kathia Pereira, confirmó en entrevista con el programa Tu Voz Tu Derecho, de inmigración.com, que “el gobierno está trabajando en un memorandum para evitar que las personas que sean carga pública puedan pedir la residencia o la ciudadanía en Estados Unidos”.

Agregó que el Departamento de Estado ya cambió esa política y ahora considera una carga pública a cualquier inmigrante indocumentado que tenga padres o esposa o hijos que reciban ayuda de programas como el medicaid, estampillas de comida, housing o cualquier otro tipo de ayuda que sea subsidiada por el gobierno federal.

“Es algo que se ve venir y en cualquier momento el gobierno lo va a hacer público haciendo que cualquier inmigrante que se considere carga pública no podrá recibir la ciudadanía o la residencia”, informó.

La cadena de noticias NBC consultó a un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) quien justificó la medida aduciendo que cualquier cambio propuesto por el gobierno responde a la responsabilidad de ser buenos administradores de los fondos de los contribuyentes. Señaló que “la admnistración tiene la intención de proteger al contribuyente estadounidense asegurando que los extranjeros que buscan permanecer en el país, sean autosuficientes”.

Por el momento el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) no ha hecho ningún cambio en este sentido hasta que se realicen los trámites que formalicen esta nueva política del gobierno de Trump.

Se anticipa que el gobierno revisará los últimos tres años de los solicitantes de residencia permanente o de ciudadanía para determinar si utilizó servicios de asistencia pública.

Las reacciones no se han hecho esperar y el primero en retar al presidente Trump ha sido el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, quien dijo que explorará todas las opciones, incluidas acciones legales, para proteger a los neoyorquinos y defender los valores de este país.

Para muchos no deja de sorprender la ferocidad con la que este gobierno está atacando a la comunidad inmigrante, en un país de inmigrantes. Ya en su campaña el ahora presidente Donald Trump había anticipado lo que vendría en materia migratoria cuando se refirió a México en términos despectivos y anunció la construcción de un muro en la frontera sur del país, pero no creyeron que llegaría tan lejos.

Lo que queda claro es que ningún inmigrante, provenga de donde provenga, estaría seguro en este país, incluidos los ciudadanos por naturalización a quienes la constitución protege. ¿Qué más habrá que esperarse de esta presidencia en el tema migratorio?