Como inmigrantes en la era de Trump, hemos sido testigos de prácticamente todos y cada uno de los operativos de ICE que han podido ser captados en video. La viralización de las imágenes a través de los medios que solemos consultar para mantenernos informados sobre el tema migratorio, hoy más que nunca, ha marcado una pauta muy clara que va desde la inicial indignación hasta el terror psicológico permanente.
De hecho, el presente gobierno sabe que ha logrado, solo hasta cierto punto, su objetivo.
Así, la modificación de rutinas, la cautela en espacios públicos, la inhibición a solicitar asistencia, la cada vez más elevada desconfianza en las autoridades policiacas —locales y estatales—, el bajo rendimiento escolar o los desplazamientos a regiones menos hostiles, son algunos de los cambios que en buena medida ha experimentado un gran porcentaje de la comunidad de inmigrantes como consecuencia de las actividades persecutorias de la llamada maquinaria de deportación de la Casa Blanca.
Ante esa prevista forma de avasallar al inmigrante, muy al principio de las hostilidades oficiales proliferaron listas con consejos para evitar ser sorprendidos durante los operativos, entre los que se destacaba algo básico: no abrir la puerta y, en todo caso, solicitar a los agentes que si existía una orden judicial la deslizara por debajo de la misma. Pero sobre todo —y se insistía en ello— no abrir por ningún motivo a los agentes de ICE sin antes haber confirmado la existencia de dicha orden. Expertos en leyes y organizaciones pro inmigrantes daban fe de que esa era la mejor defensa.
Sin embargo, en el más reciente de los operativos captados en video en un hogar latino de San Diego ocurrió algo que ha rebasado los límites de la indignación cuando, según reportes de prensa, una cuadrilla de agentes de ICE forzó con herramienta especial precisamente la puerta de esa casa, ante la mirada de asombro y de terror de la cónyuge y la hija del inmigrante que iban a detener, misma que grababa la escena en todo momento con su teléfono celular, al tiempo que exigían, sin abrir la puerta, que antes les mostraran la orden judicial que avalara el operativo.
“¡Han visto demasiadas películas!”, le responde con sorna uno de los agentes. “¡Les mostraremos la orden cuando terminemos. Ustedes no controlan la situación, sino nosotros!”
Detengámonos ahí: independientemente de que, en efecto, haya existido una o más justificaciones para arrestar a Alberto Alonso Hernández, ¿cuál es el mensaje que quieren enviar esta vez las autoridades migratorias con la actitud de sus agentes al mofarse de que les exigieran una orden judicial como parte del debido protocolo?
“Han visto demasiadas películas” es una frase que lleva toda la intención de invalidar las mínimas herramientas de defensa con las que cuenta una comunidad vulnerable que ha sido atacada permanentemente y que solo ha seguido al pie de la letra la serie de consejos que expertos en la materia han dado a conocer desde el principio.
Para coronar su actuación, tras llevarse al inmigrante, uno de los agentes, según se ve en el video, muestra un papel que se supone en la orden judicial, el cual solo deja caer al piso, sin entregarlo a la familia del arrestado. La imagen misma, esa sí, es digna de una película sobre la infamia.
En efecto, el asedio se ha intensificado desde el momento en que esos agentes traspasaron el umbral de la vivienda, última fortaleza del vencido.
Cada día comprobamos, en fin, que los rostros de la intimidación se han empezado a manifestar con más agresividad, así como ocurre en muchos de los países de origen de los inmigrantes, donde los sistemas judiciales simple y sencillamente funcionan con base en el código de la arbitrariedad y en la ley de quien detenta el poder, quien ordena abrir, literalmente, toda puerta “a patadas”.
¿Qué sigue?