CHICAGO, IL.- Veinte procuradores de justicia demócratas urgieron hoy al Congreso a aprobar antes del receso de fin de año el proyecto de ley Dream Act, que salvaría de la deportación a unos 800.000 “soñadores”, y que se lo haga “limpio”, sin contraprestaciones migratorias.
“El Congreso debe encarar sin dilaciones este tema que tiene una importancia crítica”, señalan en una declaración los procuradores de California, Nueva York, Connecticut, Illinois, Delaware, Distrito de Columbia, Massachusetts, Iowa, Maine, Maryland y Minesota, entre otros.
“Como jefes legales de nuestros estados, urgimos la aprobación del Dream Act, para solucionar el estatus migratorio de jóvenes que necesitan vivir sin temor a ser deportados”, agregaron los firmantes, entre los que figuran además Virginia, Nuevo México, Carolina del Norte, Hawai, Oregón, Pensilvania, Vermont, Rhode Island y Washington.
Los funcionarios señalan que al pasar los días sin una solución legislativa, y acercarse el plazo final del 5 de marzo dado por el presidente Donald Trump para que el Congreso ofrezca una salida a la cancelación de la Acción Diferida (DACA) miles de personas han comenzado a perder esta protección.
Activistas, soñadores y legisladores demócratas realizan esta semana un último esfuerzo con protestas, actos de desobediencia civil y huelgas de hambre en todo el país para presionar y demandar acción al Congreso, de mayoría republicana.
“Los soñadores son gente que cumple con la ley, están empleados, pagan impuestos y son voluntarios para enriquecer nuestros estados, se merecen una solución”, agrega la declaración de los procuradores de justicia.
Este viernes se acaba el plazo establecido en el Congreso para aprobar un presupuesto que evite el cierre parcial del Gobierno, y numerosos sectores piden que republicanos y demócratas se pongan de acuerdo en dar un estatus legal permanente a estos jóvenes indocumentados.
Muchos, incluso, piden que se cierre parcialmente el Gobierno si los republicanos no acceden a aprobar el Dream Act sin que el presupuesto incluya partidas para reforzar la seguridad fronteriza y la lucha contra la inmigración indocumentada.
En julio pasado, 20 fiscales generales pidieron a Trump que no cerrase DACA y se ofrecieron a defender en la corte a los cerca de 800.000 indocumentados amparados por este programa en caso de que fuera necesario y el 6 de septiembre 16 de ellos presentaron una demanda en contra el Gobierno federal por cerrar este programa.