LOS ÁNGELES, CA.- La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) demandó hoy en una corte de Los Ángeles al presidente de EE.UU., Donald Trump, por “violar los derechos constitucionales” de inmigrantes detenidos en la Prisión Federal de Victorville, California.
Según una nota de prensa de la organización, la demanda, que es también contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), se origina con el traslado desde junio pasado de inmigrantes desde instalaciones de ICE y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) a “cárceles operadas por la Oficina Federal de Prisiones (BOP)” y en la que se albergan a convictos.
Los trasladados de unos 1.600 inmigrantes, entre ellos solicitantes de asilo y padres separados de sus hijos, fueron a instalaciones de BOP en California, Texas, Arizona, Oregón y Washington.
“Como las políticas de separación familiar y ‘tolerancia cero’ de la Administración Trump, estas transferencias se hicieron de manera precipitada y sin tener en cuenta la vida de las personas detenidas”, dijo en un comunicado Victoria López, abogada del Proyecto de Prisión Nacional de la ACLU.
Las primeras quejas tienen que ver con la poca o nula comunicación entre los inmigrantes detenidos y sus abogados y familiares.
Una demanda de emergencia fue presentada entonces por ACLU el pasado 20 de junio. Un día después, el juez Otis Wright II, del Tribunal de Distrito en Los Ángeles, ordenó al Gobierno Trump dar a los detenidos acceso a la ayuda legal.
La comunicación de los abogados con sus clientes permitió conocer los problemas que estaban enfrentando los detenidos en la cárcel, ubicada al noreste de Los Ángeles, entre ellas la falta de atención médica y de salud mental adecuada.
La demanda presentada hoy asegura que los detenidos no tienen acceso mínimo a espacios al aire libre, aire fresco y luz solar, y que la alimentación es inadecuada e insuficiente.
La querella recalca que continúa la falta de acceso a asesoría legal, que los materiales sobre su caso están en inglés, y que los inmigrantes describen sus condiciones como “peligrosas y caóticas”.
Uno de los casos nombrados en la demanda es el de Noe Mauricio Granados Aquino, un solicitante de asilo político que fue trasladado el pasado el 20 de julio a la cárcel en Victorville y a quien se le confiscó una biblia tras ser detenido en la frontera.
El inmigrante, un cristiano de arraigadas creencias religiosas, sufre una fuerte depresión a causa del aislamiento que experimenta.
“Confinar inmigrantes en estas condiciones es inconcebible e inconstitucional”, recalca López.
La demanda solicita al Tribunal que ordene, dentro de un plazo estricto y lo más rápido posible, el traslado de todos los inmigrantes detenidos en Victorville a instalaciones de ICE.
Además, que ordene atención médica adecuada, buena alimentación, textos religiosos, oportunidades de oración y adoración en grupo, y otras adaptaciones necesarias para practicar sus creencias religiosas, entre otras.