Se unen en El Paso (TX) a la demanda contra la política migratoria de Trump

"Esta administración debe saber que las comunidades fronterizas están observando, que nos estamos resistiendo y que lucharemos contra cualquier violación de los derechos civiles y constitucionales de cualquier persona", el director ejecutivo de Southwest Environmental Center, Fernando García

Un grupo de personas participa en una marcha contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el lunes 12 de ma, antes de una visita del mandatario a San Diego, California (Estados Unidos). Foto EFE/Archivo
EFE

EL PASO, TX.- La Red Fronteriza por los Derechos Humanos anunció hoy que se unirá a la demanda presentada este mes por el Centro Ambiental del Suroeste (Southwest Environmental Center) en contra de la política migratoria de “cero tolerancia” de la Administración del presiente Donald Trump.

En una conferencia de prensa en su sede de El Paso (Texas), el director ejecutivo de la agrupación, Fernando García, afirmó que la demanda pretende que se suspenda la política de “cero tolerancia”, que calificó de “cruel” y degradante para los inmigrantes.

“Esta administración debe saber que las comunidades fronterizas están observando, que nos estamos resistiendo y que lucharemos contra cualquier violación de los derechos civiles y constitucionales de cualquier persona”, dijo.

García afirmó que son inaceptables las prácticas de los funcionarios de las agencias de inmigración al amparo de dicha política.

“No podemos esperar ociosamente a medida que las familias se destrozan y su humanidad se degrada. No podemos aceptar discriminación y crueldad que socava los derechos humanos y civiles de cada estadounidense”, dijo.

En la conferencia estuvieron presentes los representantes legales de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos, Carlos Spector, y del Centro Ambiental del Suroeste, con sede en Las Cruces (Nuevo México), David Baake.

La política de Cero Tolerancia y las prácticas de detención y separación familiar han evitado que las familias de inmigrantes, básicamente de Centroamérica, soliciten asilo, y en su lugar se les ha criminalizado.

Luego de ser detenidos al entrar a territorio de EE.UU., los agentes del Departamento de Seguridad Nacional acusan a los adultos de delitos penales, lo que obliga a su separación de los menores que viajan con ellos, aunque sean sus padres.

El Centro Ambiental del Suroeste entabló este mes una demanda en el Tribunal Federal de Distrito en Las Cruces para detener una política que mantiene a los menores migrantes detenidos de manera indefinida.

Según los argumentos de la demanda, la política de “cero tolerancia” es ilegal porque fue impuesta por el gobierno del presiente Trump sin dar la oportunidad de hacer comentarios públicos, en violación de la Ley de Procedimiento Administrativo.

El 21 de junio, el presidente Trump emitió una orden ejecutiva para detener la separación de las familias, aunque no está claro qué efecto tendrá en la política.

Seis días después, un juez federal de California ordenó que se suspendiera la política de separación de la familia dio de límite hasta mañana jueves para que las familias se reúnan, y el Gobierno ha dicho que está trabajando para cumplir esos plazos.