WASHINGTON, DC.- El Gobierno de Donald Trump defendió hoy ante el Tribunal Supremo su poder para restringir la entrada a Estados Unidos de refugiados y musulmanes por razones de seguridad nacional, unos argumentos que convencieron a los jueces más conservadores, pero despertaron el rechazo de los progresistas.
En una audiencia de una hora, los nueve jueces se mostraron profundamente divididos sobre la legitimidad de la tercera versión del veto de Trump, conocido popularmente como “veto 3.0” y que actualmente obstaculiza la entrada de los nacionales de siete países (Irán, Libia, Somalia, Siria, Yemen, Venezuela y Corea del Norte).
El alto tribunal está dividido en cuatro jueces progresistas y cinco conservadores, aunque el magistrado Anthony Kennedy (considerado conservador) suele dar el voto del desempate en casos de gran relevancia como el actual, en el que está en juego uno de los pilares de la política migratoria de Trump.
En junio, cuando emita su sentencia, el Tribunal Supremo deberá resolver dos cuestiones: ¿excedió Trump su poder al potencialmente restringir la entrada a EE.UU. de unos 150 millones de personas de siete naciones? ¿Viola el Gobierno la cláusula de la Constitución que prohíbe al Gobierno favorecer a una religión por encima de otra?
Los cuatro jueces más progresistas coincidieron con los demandantes, liderados por el estado de Hawái, en que el veto desfavorece a los musulmanes y, por tanto, viola la Constitución.
“El veto es ilegal, impone una grave discriminación por nacionalidad y religión”, afirmó el abogado que representaba a los demandantes, Neal Katyal.
El letrado usó comentarios de Trump y sus mensajes en Twitter para probar que su intención era imponer un “bloqueo completo y total” a la entrada de musulmanes a Estados Unidos, como prometió durante la campaña para las elecciones de 2016 tras el atentado que acabó con la vida de 14 personas en San Bernardino, en California.
“Nunca ningún presidente ha hecho declaraciones como estas”, afirmó Katyal.
De esa forma, el abogado insistió en que los dos primeros vetos (proclamados en enero y marzo de 2017) estaban dirigidos “abrumadoramente” contra los musulmanes porque solo se incluyeron países donde predomina el Islam, mientras que el tercero (emitido el pasado septiembre) incluyó a otras naciones para despistar, según el letrado.
A juicio del abogado, el tercer veto siguió dirigiéndose “casi exclusivamente” contra los musulmanes, a pesar de que Trump también limitó los viajes desde Corea del Norte y Venezuela, donde las restricciones no se aplican a toda la población, sino a algunos funcionarios y su “familia inmediata”.
Frente a ello, el abogado del Gobierno, Noel Francisco, instó a los jueces a ignorar las declaraciones que hizo Trump “como ciudadano privado” antes de llegar a la Casa Blanca.
Francisco defendió el “amplio poder” del presidente para decidir sobre temas migratorios, especialmente cuando se trata de la seguridad de Estados Unidos y el Ejecutivo quiere hacer “presión diplomática” para obligar a algunas naciones a compartir más información sobre seguridad y terrorismo.
“Esto no es un veto musulmán, si lo fuera sería el más ineficiente del mundo porque deja fuera a la mayor parte del mundo musulmán”, argumentó Francisco.
“Es una orden -continuó- que se proclamó tras una revisión mundial hecha por agencias del Gobierno que concluyeron que la mayoría del mundo estaba bien, pero que había un pequeño grupo de países que no compartía la mínima información con Estados Unidos, no la ideal, ni siquiera la cantidad mínima”.
De acuerdo con los argumentos del Gobierno se mostraron la mayoría de los jueces conservadores, especialmente Samuel Alito, quien apuntó que los cinco países musulmanes incluidos actualmente en el veto (Irán, Libia, Somalia, Siria y Yemen) solo representan el 8 % del total de musulmanes del mundo.
Al respecto, Alito insistió en que ninguno de los países con mayor población musulmana, como Turquía o Indonesia, están en el veto y que solo Irán figura entre los diez con más fieles al Islam.
Originalmente el veto incluía a Chad, también de mayoría musulmana, pero este mismo mes la Casa Blanca anunció su salida de la “lista negra” por haber hecho mejoras en seguridad.
La audiencia estuvo llena de metáforas, como las pronunciadas por las progresistas Elena Kagan y Sonia Sotomayor, que pidieron imaginar a un presidente futuro que hubiera hecho comentarios “llenos de odio e intolerancia” contra los judíos y hubiera prohibido la entrada de cualquier ciudadano de Israel.
“Si se diera esa situación, ¿no serían sospechosos esos comentarios del presidente?”, preguntó Sotomayor.
El caso ha despertado una gran expectación y ha hecho que se posicionaran ante el Tribunal Supremo los grupos católicos, judíos y musulmanes más importantes de EE.UU., como la Conferencia de Obispos Católicos, la Conferencia Central de Rabinos Americanos y el Consejo Musulmán de Asuntos Públicos.