WASHINGTON.- El Tribunal Supremo se reunió hoy a puerta cerrada para decidir si interviene en la disputa sobre el programa DACA, que expirará en marzo por orden del presidente, Donald Trump, y actualmente protege de la deportación a 690.000 jóvenes indocumentados, conocidos como “soñadores”.

Fuentes judiciales confirmaron a Efe la reunión, en la que los nueve jueces del alto tribunal deben decidir si revisarán el veredicto que emitió en enero un juez de California.

Ese juez, William Alsup, de la corte del distrito norte de California, determinó que el Gobierno no podía acabar por completo con el plan DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) mientras hubiera litigios pendientes en diferentes tribunales del país porque sus beneficiarios podrían sufrir daños irreparables.

La decisión del magistrado obligó a los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, en inglés) a volver a aceptar las peticiones de renovación de DACA por parte de aquellos individuos que ya habían recibido previamente los beneficios de este programa y que se estaban quedando sin protección.

El plan DACA fue proclamado en 2012 por el entonces presidente Barack Obama y daba a los jóvenes un permiso migratorio de dos años, que debía ser renovado.

Ahora, el Tribunal Supremo debe decidir si acepta el caso y si, después de estudiarlo en una audiencia, emite un fallo, algo que se produciría antes del final de junio.

Si los jueces no se posicionan hoy, lo harán el martes a partir de las 9.30 horas (ET), después del Día del Presidente, que se celebra el próximo lunes.

Después de meses de negociaciones, el Senado no pudo esta semana aprobar ninguna medida para encontrar una solución para los “soñadores”.

Los senadores rechazaron todas las propuestas que estaban sobre la mesa, incluido un proyecto legislativo que reflejaba los “cuatro pilares” que Trump exige para que cualquier proyecto, tras ser aprobado en el Congreso, reciba el apoyo de la Casa Blanca y pueda convertirse en ley.

Esos “cuatro pilares” son regularizar la situación de 1,8 millones de jóvenes indocumentados, asignar 25.000 millones de dólares para el muro fronterizo con México, cancelar la “lotería de visados”, que asigna 50.000 permisos de trabajo y residencia al año a ciudadanos de países con bajas tasas de migración a EE.UU.

Y, además, terminar con el actual sistema de reagrupación familiar, conocido por sus detractores como “migración en cadena”.