Tucson, AZ.- Grupos civiles y políticos rechazaron la emergencia nacional declarada hoy por el presidente Donald Trump al considerar que se “burla” del Congreso y representa un “teatro político” de una crisis “humanitaria”, creada por el mismo Gobierno.
El republicano citó hoy una supuesta “invasión” al país con “drogas y tráfico de personas” para justificar la medida encaminada a reunir un total de 8.000 millones de dólares para financiar la construcción de un muro en la frontera con México.
“Construir muros y militarizar aún más la frontera sur es innecesario, irresponsable e inaceptable, y nada más que un teatro político”, dijo a Efe Vicki Gaubeca, directora de la Coalición de Comunidades de la Frontera Suroeste.
La Coalición, que representa a más de 60 grupos en California, Arizona, Texas y Nuevo México, instó al Congreso a “tomar una posición de una vez por todas y poner fin a la militarización sin sentido de la frontera sur”.
La gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham, dijo que la emergencia nacional es una “fijación” de Trump “legalmente dudosa” que está pasando por encima al Congreso.
Se trata de un “flagrante abuso de poder” para “avivar el miedo en nuestras comunidades fronterizas como un espectáculo para su base política”, agregó la gobernadora demócrata.
Lujan Grisham, que la semana pasada ordenó el retiro de gran parte de la Guarida Nacional de la frontera con México, enfatizó que “no existe ninguna crisis de seguridad nacional en la frontera suroeste”, sino “una obsesión por una promesa de campaña impopular que los republicanos y los demócratas reconocen que no es práctica”.
Trump tendrá que argumentar que la llegada de inmigrantes indocumentados y narcóticos a Estados Unidos por la frontera con México supone una crisis que requiere medidas urgentes y extraordinarias.
Los activistas y políticos consideraron, sin embargo, un “abuso” la declaración de emergencia nacional, que permite a los presidentes acceder a una prerrogativa temporal y especial para enfrentar una crisis, al señalar que es el Congreso el que tiene la potestad exclusiva en materia presupuestaria.
La Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) subrayó que la medida ejecutiva “trastorna el control de poderes por el mero objetivo político”.
“Trump puede estar sentando las bases para su campaña de reelección de 2020, pero está derribando los fundamentos democráticos de nuestra nación en el proceso”, lamentó Angélica Salas, directora ejecutiva de CHIRLA.
“La verdadera crisis aquí son las locas políticas de inmigración de Trump que apartan a los niños pequeños de los brazos de sus padres, niños y niñas encarcelados en campamentos en el desierto”, señaló Salas.
Por su parte, el reverendo John McCullough, presidente de Church World Service, aseguró que es “inmoral y probablemente ilegal” el que calificó como “el último intento del presidente Trump de burlar el Congreso”.
“Ignora las garantías constitucionales contra el uso de los militares para hacer cumplir la ley, ignorando el hecho de que el cruce de inmigrantes en la frontera se encuentran un mínimo histórico”, agregó McCullough.
Para el reverendo, la “única emergencia es la emergencia moral y humanitaria que creó Trump cuando comenzó a alejar y separar a las familias vulnerables que buscaban asilo”.
Junto a los 1.375 millones de dólares aprobados por el Congreso, la Casa Blanca desviará unos 6.600 millones más de otras partidas presupuestarias para erigir una barrera fronteriza de unos 376 nuevos kilómetros (234 millas).
Entre tanto, el alcalde de la ciudad limítrofe de Nogales (Arizona), Arturo Garino, teme que esta acción dañe el comercio con México, el socio comercial “más importante” para los estados fronterizos.