MIAMI, FL.- Grupos civiles consideran un “ataque” a los inmigrantes legales, a sus familias y al bienestar de sus hijos la propuesta del Gobierno federal que busca endurecer los requisitos para obtener residencia permanente a quienes utilicen ayudas federales de vivienda, salud o alimentos.
“Este es un ataque vergonzoso contra inmigrantes que viven y trabajan legalmente en nuestras comunidades”, aseguró hoy María Rodríguez, directora ejecutiva de la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC).
El Gobierno del presidente Donald Trump propuso este fin de semana modificar los alcances de la llamada “carga pública”, que determina si los inmigrantes van a representar un peso para las arcas del Estado a la hora de aprobar la residencia permanente u otros documentos migratorios.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, dijo en un comunicado publicado el sábado 22 que la medida es acorde con la ley vigente. “De acuerdo con la ley federal de larga data, aquellos que buscan emigrar a Estados Unidos deben demostrar que pueden mantenerse económicamente”, apuntó.
“La inmigración a este país no debería ir al mejor postor”, respondió al Gobierno Voto Latino.
Esta organización advirtió que de ser aprobadas las modificaciones, una familia de cuatro inmigrantes que devengue menos de 63.000 dólares al año sería considerada una “carga pública”.
“Los sectores clave de la economía de la Florida, incluidos la agricultura y el turismo, dependen de los trabajadores inmigrantes que ganan menos que un salario digno”, recordó por su parte Jonathan Fried, director ejecutivo del grupo a favor de los inmigrantes WeCount.
Señaló que las familias de esos inmigrantes tendrían que renunciar a Medicaid, cupones de alimentos y asistencia de vivienda, “servicios a los que legalmente tienen derecho, poniendo en peligro su salud, seguridad y protección, así como la sostenibilidad económica de Florida”.
“El escalofriante efecto será que las familias y los niños sean cada vez más pobres”, se lamentó Miriam Harmatz, una de las directoras del Florida Health Justice Programme.
Estos grupos dijeron que la medida sería otro golpe más a las separación de familias, que tendrían que decidir entre recibir ayudas federales o garantizar un estatus migratorio para evitar ser finalmente deportados.
Las organizaciones señalaron que los estados con grandes poblaciones de inmigrantes, como Florida, se verán afectados de manera desproporcionada.
La nueva regla busca renovar una ley de inmigración de larga data que permitiría a los funcionarios de inmigración considerar en sus decisiones el uso de casi todos los beneficios financiados con fondos públicos destinados a salvaguardar la salud, la nutrición, la vivienda y la seguridad económica de las familias de bajos ingresos.
Esta medida es “un ataque sin precedentes a la inmigración legal”, manifestó Beth Werlin, directora ejecutiva de la organización American Immigration Council.
“Muchas personas ahora se verán obligadas a elegir entre acceder a la asistencia que ellos y sus hijos necesitan o a obtener un estatus migratorio legal permanente para estar con sus familias en el futuro”, se lamentó.
Los “drásticos” cambios propuestos también ha sido rechazados por la Iglesia católica. El obispo Joe Vásquez, presidente del Comité de Migración de la Conferencia Episcopal y Obispo de Austin (Texas), dijo que aumentará “el temor entre las familias inmigrantes que ya están luchando por cumplir el Sueño Americano” a pedir esas ayudas.
Los aspirantes a residencia permanente u otras visas que se beneficien de programas como Medicaid, Medicare o de la iniciativa de cupones de comida de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, en inglés) o ayudas para vivienda podrían ver rechazados esos trámites migratorios.
Sin embargo, Rodríguez, de FLIC, recordó que la propuesta debe pasar por el escrutinio publico para seguir su camino y que nada puede cambiar hasta que el Gobierno “revise y responda a los comentarios públicos”.
En ese sentido, Rodríguez, instó a “todos los miembros del público a enviar comentarios”.
Se trata de “otro producto más de la agenda anti-inmigrante de Trump, que ahora tiene como objetivo a los inmigrantes legales y a sus familiares ciudadanos”, manifestó Clarissa Martínez de Castro, directiva de UnidosUS, antiguo Consejo Nacional de La Raza (NCLR).
La idea es “cambiar nuestro sistema legal de inmigración por uno basado en el tamaño de su billetera y el color de su piel, y enmascararlo con información errónea y la falsa pretensión de que los inmigrantes representan una carga para los contribuyentes estadounidenses a pesar de la evidencia en contra”, agregó.