LOS ÁNGELES, CA.- Tras la decisión de la Casa Blanca de poner fin al Estatuto de Protección Temporal (TPS) a los haitianos, la preocupación cunde entre salvadoreños y hondureños ante el temor a correr la misma suerte en los próximos meses.
“A pesar de la decisión de anoche, debemos seguir insistiendo en que lo sensato, lo conveniente y lo más consistente que podría hacer esta administración es mantener las protecciones que se han otorgado”, enfatizó en entrevista con Efe Oscar Chacón, director ejecutivo de la organización Alianza América.
Según datos del gobierno estadounidense de finales de 2016, existen 86.000 hondureños y 263.000 salvadoreños amparados con un permiso temporal de residencia que podrían perder en el primer semestre de 2018, si el Congreso no emprende una acción legal como único recurso.
El activista considera que además es importante “redoblar esfuerzos frente al Congreso para que resuelva algo que han permitido por tanto tiempo sin una solución sensata”.
Chacón insistió en que personas que han vivido en el país “por tres, cuatro, cinco o más años ya no son temporales”.
“Son parte de nuestro tejido social, cultural, económico y por lo tanto debería de existir un mecanismo para que se les permita acceder a la residencia permanente”, enfatizó el activista.
Por su parte, Nicolasa R., una hondureña que recibió el beneficio hace cerca de 15 años y es madre soltera de dos niñas, de 12 y 10 años, no vislumbra su vida en su país sola con sus hijas.
“Mi familia en Honduras es muy pobre. Son campesinos que viven en un caserío y escasamente tienen para comer”, expuso la empleada de una empresa de limpieza.
“No sé cómo podría adaptarme en mi país, conseguir un buen empleo y educar a mis hijas”, declaró la centroamericana.
La Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar, una organización que agrupa a muchas centroamericanas, igualmente advirtió su preocupación con las próximas decisiones sobre los permisos de Protección Temporal.
“Este es el tercer cierre de un programa de TPS en tres meses”, puntualiza la Alianza en una declaración enviada a Efe a través de la campaña “We Belong Together”.
“La administración de Trump ha dejado claro que su objetivo es terminar el programa TPS por completo y nos preocupa el próximo anuncio que se realizará en enero de 2018 y que pone en riesgo a más de 200.000 salvadoreños”, amplía la declaración.
Las activistas y trabajadoras del hogar pidieron al Congreso “que actúe rápidamente para proteger a los más de 430.000 inmigrantes y familias que han construido un hogar en Estados Unidos gracias a TPS”.
“Existe un acuerdo bipartidista en el Congreso para encontrar una solución permanente a este problema”, señalaron las trabajadoras muchas de ellas madres de niños estadounidenses.
Algunos legisladores federales han anunciado medidas para proteger a los beneficiarios del programa.
Las representantes demócratas de New York, Yvette Clarke, y de Washington, Pramila Jayapal, junto con la republicana de Miami Ileana Ros-Lehtinen, anunciaron su propuesta de ley ASPIRE que permitiría a cada beneficiario del TPS aplicar para un permiso de residencia permanente.
Por su parte, la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) destacó el sufrimiento que la cancelación de los programas temporales representa para muchas familias extranjeras.
“Poner fin al TPS significa dolor, sufrimiento e incertidumbre para aquellos que han reconstruido sus vidas en los EE.UU. luego de desastres sociales, económicos y naturales que los han forzado a salir de sus países”, declaró a Efe la organización.
Un reporte elaborado por el Centro para Estudios de Migración calculó que “más de la mitad de los salvadoreños y hondureños beneficiarios del TPS y el 16 % de los haitianos ha residido en los Estados Unidos durante 20 años o más”.
Los seis estados con la mayor población de estas personas son California (55.000), Texas (45.000), Florida (45.000), Nueva York (26.000), Virginia (24.000) y Maryland (23.000).
La participación en la fuerza laboral de los beneficiarios de TPS de El Salvador, Honduras y Haití, “varía de 81 a 88 %, que está muy por encima de la tasa de la población total de los EE.UU. (un 63 %) y de la población nacida en el exterior (66 %)”, destacó el reporte.
El beneficio temporal que los protege de la deportación – a muchos desde hace 20 años- y les ofrece un permiso de trabajo en el país expira el 5 de junio de 2018 para los hondureños y el 9 de marzo de ese año para los salvadoreños.
Ante la grave posibilidad de perder la protección de este programa, que ofreció Estados Unidos para personas provenientes de un conflicto armado o desastre natural y que no pueden regresar a su país por tal motivo, los expertos recomiendan asesorarse legalmente con profesionales idóneos.
“Hay que hacerlo de una forma correcta, a través de las personas adecuadas: abogados de inmigración o representantes acreditados por el gobierno federal que tengan la licencia y la experiencia necesaria”, alertó el abogado Nelson Castillo, especialista en procesos de inmigración y legalización.