WASHINGTON, DC.- El Tribunal Supremo acogió hoy la primera audiencia sobre una disputa acerca de los derechos de los inmigrantes privados de libertad durante el proceso de su deportación en base a una demanda colectiva de afectados contra el Gobierno.
“El ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) no debería poder encarcelar a gente sin el proceso básico de una comparecencia” ante un juez, dijo hoy a Efe una portavoz de la Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU), que representa a los demandantes.
De acuerdo a esta organización, las autoridades están haciendo una interpretación de una ley de 1996, que “resulta en una burda violación del proceso establecido para miles de inmigrantes”.
En base a esa norma, los inmigrantes con un cierto historial criminal y que ya han cumplido una pena de prisión pueden ser detenidos de nuevo mientras se completa su deportación, debido -supuestamente- a riesgos de fuga y de peligro para la sociedad.
La disputa parte de que el Ejecutivo ha llevado a cabo esos arrestos de inmigrantes cuando algunos llevaban años en libertad tras haber cumplido su condena, además de estar reintegrados en la comunidad y vivir legalmente en el país.
ACLU subrayó que la ley establece que esas detenciones deben efectuarse al poco de la liberación del inmigrante encarcelado y no años más tarde, o incluso más de una década después como se ha dado en algunos casos, cuando el afectado ya está reinsertado y no hay riesgo de huida.
En este sentido, la organización consideró que se está violando la Constitución cuando se vuelve a detener a esas personas.
En muchos casos, según ACLU, estas prácticas se han dado con inmigrantes que fueron condenados y cumplieron sentencias por delitos menores como posesión de marihuana y que se vieron alejados de sus hijos estadounidenses durante meses, incluso años.