El Supremo vuelve a evaluar los derechos de inmigrantes privados de libertad

"ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) no debería poder encarcelar a gente sin el proceso básico de una comparecencia" ante un juez, dijo hoy a Efe una portavoz de la Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU), que representa a los demandantes

Decenas de personas se unen a una manifestación convocada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) frente a la Corte Federal de Brownsville para protestar contra la política de inmigración 'cero tolerancia' de la administración del presidente Trump, el 28 de junio de 2018. Esa normativa ha generado encarcelamientos de inmigrantes sin el debido proceso, según organizaciones de justicia social. La Corte Suprema debate el tema. Foto EFE/LARRY W. SMITH
EFE

WASHINGTON, DC.- El Tribunal Supremo acogió hoy la primera audiencia sobre una disputa acerca de los derechos de los inmigrantes privados de libertad durante el proceso de su deportación en base a una demanda colectiva de afectados contra el Gobierno.

“El ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) no debería poder encarcelar a gente sin el proceso básico de una comparecencia” ante un juez, dijo hoy a Efe una portavoz de la Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU), que representa a los demandantes.

De acuerdo a esta organización, las autoridades están haciendo una interpretación de una ley de 1996, que “resulta en una burda violación del proceso establecido para miles de inmigrantes”.

En base a esa norma, los inmigrantes con un cierto historial criminal y que ya han cumplido una pena de prisión pueden ser detenidos de nuevo mientras se completa su deportación, debido -supuestamente- a riesgos de fuga y de peligro para la sociedad.

La disputa parte de que el Ejecutivo ha llevado a cabo esos arrestos de inmigrantes cuando algunos llevaban años en libertad tras haber cumplido su condena, además de estar reintegrados en la comunidad y vivir legalmente en el país.

ACLU subrayó que la ley establece que esas detenciones deben efectuarse al poco de la liberación del inmigrante encarcelado y no años más tarde, o incluso más de una década después como se ha dado en algunos casos, cuando el afectado ya está reinsertado y no hay riesgo de huida.

En este sentido, la organización consideró que se está violando la Constitución cuando se vuelve a detener a esas personas.

En muchos casos, según ACLU, estas prácticas se han dado con inmigrantes que fueron condenados y cumplieron sentencias por delitos menores como posesión de marihuana y que se vieron alejados de sus hijos estadounidenses durante meses, incluso años.