WASHINGTON.- El Tribunal Supremo evaluó hoy dividido entre sus miembros progresistas y conservadores si los inmigrantes indocumentados pueden ser detenidos indefinidamente o si debe fijarse un límite a la reclusión, un caso que podría impactar en las futuras políticas del presidente, Donald Trump.
Ocho de los nueve jueces del Tribunal Supremo ya evaluaron este caso en noviembre de 2016, poco después de que Trump ganara las elecciones, pero no pudieron alcanzar un veredicto.
El juez que estudió hoy por primera vez este caso sobre centros de detención es Neil Gorsuch, un magistrado conservador nombrado por Trump y que, durante la audiencia de hoy, se mantuvo la mayor parte del tiempo en silencio y solo preguntó a las partes por conceptos técnicos, sin mostrar cuál puede ser el sentido de su voto.
El caso cuestiona si los inmigrantes, como cualquier ciudadano estadounidense, tienen derecho a una audiencia que examine su reclusión y pueda ponerles en libertad de manera provisional mientras las autoridades deciden si deben ser deportados o pueden acogerse a algún tipo de asilo.
En instancias judiciales inferiores, la organización que representa a los inmigrantes, la Unión para las Libertades Civiles en América (ACLU), ha defendido con éxito que los extranjeros deben tener derecho a una vista judicial si han permanecido privados de libertad durante seis meses.
Precisamente, los magistrados debatieron sobre si ese límite de seis meses es adecuado o si debe fijarse otro periodo temporal tras el cual los inmigrantes deben tener derecho a una audiencia.
Los cuatro jueces conservadores, como Samuel Alito, se mostraron escépticos sobre si debe fijarse un límite exactamente a los seis meses o si, por el contrario, debe determinarse un plazo máximo a nivel individual, dependiendo de las circunstancias.
Los magistrados también evaluaron cuáles son los factores concretos que impedirían esa liberación de los inmigrantes y que la ley define como “riesgo de fuga” o “peligro para la comunidad”, unos términos que los jueces progresistas consideraron demasiado ambiguos.
El rostro del caso es Alejando Rodríguez, un hispano que en 2007 interpuso una demanda para acabar con el régimen de detención en el que llevaba tres años y, finalmente, consiguió que se celebrara una audiencia en la que un juez canceló su deportación y le permitió seguir residiendo en el país.
Rodríguez llegó a Estados Unidos de niño, residía en el país de manera legal y estaba trabajando como asistente de un dentista, cuando el Departamento de Seguridad Nacional inició procesos de deportación en su contra por los delitos de posesión de drogas y robo de un vehículo, por los que había sido condenado.
Después de estar recluido durante tres años, se unió a una demanda conjunta en la que cuestionaba las normas gubernamentales que permiten detener a inmigrantes por delitos menores.
En Estados Unidos, el Gobierno usa los centros de detención para mantener, antes de la deportación, tanto a los inmigrante que han sido condenados por un crimen como a aquellos que han cruzado la frontera de manera irregular.
Durante la audiencia, uno de los abogados del Gobierno, Malcolm Stewart, defendió que la rama ejecutiva y legislativa del Estado tienen “poder pleno” para definir las leyes migratorias sin la supervisión de la rama judicial y que, por ello, el Tribunal Supremo debe mantenerse al margen.
En Estados Unidos, existen actualmente 112 centros de detención, donde miles de inmigrantes permanecen retenidos durante una media de 13 meses, según datos de los demandantes.
Este caso es de vital importancia para el Gobierno de Trump, pues, si el Tribunal Supremo falla a su favor, puede ver ampliado sus competencias en política migratoria y tendría una mayor discrecionalidad para mantener en centros de detención a los extranjeros sin límite de tiempo.