SAN DIEGO, CA.- El secretario de Justicia, Jeff Sessions, inició el viernes la revisión de una práctica poco conocida pero habitual de los jueces de inmigración, de cerrar casos sin emitir fallo. La medida apunta a una posible reestructuración de los tribunales de inmigración y deja a miles de personas en el limbo legal.

Sessions planteó una serie de interrogantes sobre el uso de los “cierres administrativos”, una resolución que permite a la gente permanecer en el país sin estatus legal. El secretario pidió comentarios a abogados y otras partes interesadas, después de lo cual podría emitir nuevas instrucciones a los jueces de inmigración en todo el país.

Los cierres administrativos han sido una tabla de salvación para inmigrantes que solicitan la ciudadanía, la residencia permanente u otras visas, al protegerlos de la deportación mientras realizan sus trámites. Pero los detractores dicen que los jueces suelen permitir a la gente permanecer en el país por más tiempo de lo que deberían en una suerte de purgatorio legal.

Unos 350.000 casos están cerrados administrativamente, y el Departamento de Justicia dice que se cerraron 180.000 casos durante el gobierno de Barack Obama, más que en los 22 años anteriores. En 2012, la Junta de Apelaciones de Inmigración del departamento resolvió que ni los abogados del Departamento de Seguridad Nacional que intentan deportar a alguien ni el inmigrante que quiere quedarse pueden impedir que el juez cierre un caso, lo que allanó el camino para el aumento.

Los jueces de inmigración son empleados de la Oficina Ejecutiva de Revisión Inmigratoria del departamento de Justicia, por lo que el secretario tiene amplios poderes de supervisión al tiempo que ellos afirman su independencia. Sessions, un intransigente en materia de inmigración, indicó el mes pasado que pensaba ocuparse de elaborar normas para reducir el cúmulo de 650.000 casos pendientes y acelerar las sentencias, y el anuncio del viernes fue un paso en esa dirección.

La revisión de casos ya cerrados administrativamente podría significar un aumento sustancial a la cifra de 650.000 casos pendientes.

Sessions intervino el viernes en el caso de un inmigrante, Reynaldo Castro-Tum, para iniciar una revisión que podría afectar a cada uno de los jueces. Preguntó cuál es la autoridad del juez para emitir un cierre administrativo y cuáles son los criterios, si debe despojarlos de esa autoridad y si existe otro mecanismo para responder a inquietudes legítimas. También preguntó si los jueces deben revisar los 350.000 casos ya cerrados en caso de que decida que la práctica es injustificada.

Pidió a Seguridad Nacional, Castro-Tum y otras partes interesadas que envíen sus respuestas antes del 9 de febrero.