WASHINGTON, DC.- El Departamento de Defensa está enviando abogados militares a la frontera sur para ejercer de fiscales con el fin de agilizar los numerosos procesos abiertos en las últimas semanas contra inmigrantes que entran al país irregularmente, denunció hoy un grupo de senadores.
En una carta dirigida al secretario de Defensa, James Mattis, los senadores demócratas Kirsten Gillibrand y Patrick Leahy, y la republicana Joni Ernst exigieron al responsable que “dé marcha atrás” a su decisión, según un comunicado de los tres legisladores.
“Estamos profundamente preocupados por la decisión del Departamento (de Defensa) de enviar a 21 abogados militares, en activo y de la reserva, a la frontera sur con la orden de ejercer de fiscales en casos de inmigración”, reza la misiva.
Los senadores consideran que esos letrados no tienen la formación adecuada para participar en este tipo de casos y, además, recuerdan que la cartera de Defensa no puede prescindir de sus servicios en un momento en que la carga de trabajo se acumula en su propio departamento.
Esta medida se produce en el marco de la controversia generada por la separación familiar que están llevando a cabo las autoridades estadounidenses fruto de la actual política de “tolerancia cero” hacía los inmigrantes que entran en el país irregularmente.
El Ejecutivo alega que, en base a la ley, los menores han de ser separados de sus padres mientras estos afrontan procesos judiciales.
Anteriormente, el Gobierno presentaba por defecto cargos por la vía civil contra los inmigrantes irregulares, lo que les permitía ser puestos en libertad hasta que los jueces tramitaban sus peticiones de asilo y no ser separados de sus hijos.
Asimismo, la prensa local informó hoy de que la Armada trabaja en un plan para la construcción de centros de detención temporal en los que acoger a miles de menores indocumentados.
Este plan contemplaría la creación de campamentos “temporales y austeros” en antiguos aeropuertos castrenses en los estados de Florida y Alabama, según la revista Time.
Este jueves el Pentágono reconoció que, a petición del Departamento de Salud y Servicios Sociales, estaba estudiando la posibilidad de acoger a unos 20.000 niños inmigrantes no acompañados en diversas instalaciones militares.