WASHINGTON, DC.- El senador Bob Menéndez ha pedido una investigación sobre la toma de decisiones que llevó al Departamento de Estado a recomendar la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Honduras, El Salvador y Haití, informó hoy su oficina.
Menéndez, el demócrata de más alto rango del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, solicitó a la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO) que investigue el proceso que finalmente puso fin a los TPS, a pesar de las advertencias de altos diplomáticos estadounidenses y otros expertos de que tal acción podría poner en peligro la seguridad nacional.
Los consejos recibidos por la Administración Trump al respecto por parte del Departamento de Estado reconocieron que tal medida podría también amenazar la seguridad de los beneficiarios de TPS y sus hijos que son ciudadanos estadounidenses, así como aumentar la inmigración ilegal a Estados Unidos.
El TPS es un programa temporal y renovable que brinda alivio a la deportación y acceso a un permiso de trabajo para ciudadanos extranjeros de ciertos países que no pueden regresar de manera segura a su país de origen debido a desastres naturales, conflictos armados u otras condiciones extraordinarias.
En una carta al Contralor General, el senador Menendez explicó que como parte de una investigación en curso, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado revisó una serie de cartas, notas y cables de las embajadas que cuestionan la recomendación del entonces secretario de Estado Rex Tillerson al respecto.
Según los hallazgos a los que se refiere Menéndez, los diplomáticos estadounidenses en esos países advirtieron que de las consecuencias negativas de finalizar los TPS, pero pese a ello Tillerson recomendó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que finalizase las designaciones.
“A pesar de varias y fuertes advertencias de que hacerlo dañaría la seguridad nacional de EE.UU. y pondría en peligro la capacidad de Estados Unidos de avanzar sus objetivos de política exterior en los tres países”, explicó Menéndez en su carta.
“Además, el entonces secretario Tillerson parece haber ignorado advertencias sobre cómo las complicadas condiciones de seguridad y económicas en El Salvador y Honduras dejarían a los beneficiarios de TPS y sus hijos, ciudadanos estadounidenses, en una situación vulnerable al reclutamiento de bandas criminales, como la MS-13”, apuntó.
Menéndez asegura que las misiones diplomáticas estadounidenses también alertaron de que los esfuerzos masivos de repatriación, combinados con las condiciones económicas y de seguridad de esos países, “podrían acelerar la inmigración no autorizada a Estados Unidos”.
El hecho de que el Departamento de Estado desoyese las recomendaciones de sus funcionarios puede poner en jaque la legalidad de la terminación de los TPS de los tres países.
El Gobierno de Trump ha retirado esta protección desde que llegó a la Casa Blanca a El Salvador, Nicaragua, Haití, Sudán y Nepal, a los que se sumó el pasado viernes Honduras, de donde 55.000 viven en EEUU gracias a este programa.
La Administración les dio hasta enero de 2020 para regresar a su país o buscar otro modo de regularizar su situación migratoria.