SAN SALVADOR.- El Gobierno de El Salvador recordó a los connacionales en Estados Unidos amparados en el Estatus de Protección Temporal (TPS) que tienen plazo de un mes para reinscribirse en el programa, cuyo vencimiento será en septiembre de 2019 por decisión del presidente Donald Trump.
A través de un calendario con la cuenta regresiva colgado en la web de la Cancillería, el Ejecutivo recuerda que a la fecha, quedan 30 días para que finalice la última reinscripción a la que pueden optar los salvadoreños.
El Ministerio de Relaciones Exteriores insistió en “la importancia de reinscribirse al TPS, pues de ese modo dispondrán de los documentos necesarios que les facilitarán trabajar de manera regular por 18 meses más y en el futuro ser considerados en alguna nueva iniciativa legal”.
El plazo para la reinscripción comenzó el pasado 18 de enero y finaliza el 19 de marzo de 2018, por lo que la Cancillería hizo un llamamiento a los compatriotas que cuentan con esta prerrogativa y que todavía no han tramitado la renovación “para que inicien a la brevedad los trámites correspondientes”.
Esta será la última renovación del TPS para El Salvador, pues el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció a principios de enero el fin del programa, de forma que los 190.000 salvadoreños beneficiados tendrán que salir del país o buscar otras formas de quedarse antes del 9 de septiembre de 2019.
Para renovar su inscripción en el TPS, los salvadoreños deberán rellenar dos formularios, uno para regularizar su estatus temporal en EE.UU. y otro para poder seguir trabajando, informó en un comunicado el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS).
El TPS es un programa migratorio creado en 1990 con el que EE.UU. concede permisos de forma extraordinaria a los nacionales de países afectados por conflictos bélicos o desastres naturales.
Durante décadas, Estados Unidos renovó de manera automática por periodos de 18 meses el TPS, pero Trump ha decidido acabar con esos permisos, argumentado que son temporales y le corresponde al Congreso aprobar una ley para regularizar la situación de sus beneficiarios.