LOS ÁNGELES, CA.- Una caravana por la “justicia” emprendió el fin de semana viaje desde Los Ángeles, California, a Washington DC., con el fin de buscar apoyo político para que los que van a perder el Estatus de Protección Temporal (TPS) por decisión de la Administración Trump, puedan obtener la residencia permanente.
La denominada “Jornada por la justicia”, organizada por la Alianza Nacional TPS, partió de la alcaldía de Los Ángeles encabezada por un autobús pintado por trabajadores inmigrantes a base de escenas de celebración, niños juzgados por jueces, obreros atados con cadenas, entre otras imágenes.
En su interior viajan cuatro decenas de inmigrantes.
“El objetivo de esta jornada es concientizar a los legisladores, para que sepan que nosotros los ‘tepesianos’ somos una parte muy importante para el crecimiento y desarrollo de este gran país”, manifestó a Efe Orlando Zepeda, un salvadoreño que por un programa especial de acogida obtuvo el TPS y por las políticas antiinmigrantes del presidente Trump puede perder su estatus legal.
“Lo que vamos a pedir directamente a los congresistas es transformar el TPS en una residencia permanente, porque eso es lo que se necesita en estos momentos difíciles”, adelantó.
El bus arrancó con más de 40 pasajeros, entre “tepesianos”, sus hijos nacidos en EE.UU. y activistas de la Alianza Nacional por el TPS, La Red Nacional de Jornaleros (NDLON) y el Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN).
Los viajeros, ahora rumbo a Arizona y con un itinerario de tres meses, visitarán legisladores en 50 ciudades de 12 estados, para culminar en oficinas de congresistas en la capital estadounidense.
Eric Garcetti, alcalde de Los Ángeles, deseó un “feliz viaje” desde las gradas de la alcaldía junto a otros políticos de la gran urbe.
Evelyn Hernández, coordinadora de “tepesianos” de (CARECEN), dijo a Efe que la caravana también tiene como objetivo invitar a beneficiarios de TPS a lo largo del país a perder el miedo, y que acompañen a los viajeros del bus aunque sea un día.
“Necesitamos aliados, republicanos y demócratas, para que nos ayuden con una solución permanente”, explicó Hernández, una salvadoreña beneficiaria del TPS.
“Tenemos más de 230.000 hijos nacidos en EE.UU. y queremos verlos crecer y disfrutar la vida junto a ellos”, declaró.
Por su parte, su compatriota Verónica Lagunas, miembro del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU), vaticinó que, luego de que expire el permiso de empleo del TPS, será difícil proveer lo que necesitan sus “dos hijos estadounidenses”.
Lagunas hizo hincapié en el daño sicológico que podría dejar esta situación en sus hijos.
“Van a estar con la angustia de que si me deportan los llevaré a un país peligroso y que no conocen”, apuntó.
Mediante un comunicado fechado hoy en Los Ángeles, la organización más grande pro derechos de los inmigrantes en California, la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), se unió a la despedida del bus.
“Celebramos y nos unimos a la Alianza Nacional TPS y los 40 titulares de TPS que viajan por todo el país pidiendo al presidente Trump y al Congreso que mantengan unidas a las familias. Estamos seguros de que sus historias resonarán por todas partes y esperamos que los estadounidenses se den la oportunidad de aprender sobre el vecino de al lado, cuya familia corre el riesgo de ser desgarrado por decisiones injustas y crueles”, se lee en el texto.
“National Immigration Forum”, una organización de abogados especialistas en inmigración fundada en 1982, señala que la contribución económica a EE.UU. de los trabajadores con TPS es evidente en el aporte de obreros originarios de tres naciones como El Salvador, Honduras y Haití, que contribuyen al producto interno bruto con más de 4.000 millones de dólares anuales.
En una década, han abonado cerca de 7.000 millones de dólares en impuestos y aportes al seguro de salud Medicare.
Easta organización apunta que en el país hay inmigrantes de 10 naciones con más de 300.000 documentos del TPS.
Estos beneficiarios de un permiso temporal de trabajo hacen labores fundamentalmente en limpieza de casas y edificios, jardinería de mansiones y parques, en la construcción, cocinas de restaurantes y, entre otras, como cuidadores de niños.
El amparo les fue otorgado en casos de guerras o desastres naturales; sin embargo, la Administración del presidente Donald Trump canceló la protección contra la deportación y los permisos de empleo hasta en algunos que incluso llevan dos décadas viviendo en el país.